Fracasa licitación de la UNP para vehículos blindados: Procuraduría evalúa acciones de control

La protección de precandidatos presidenciales es un tema que prende las alarmas en el país por cuenta de la creciente ola de violencia política y las revelaciones de presuntos planes para atentar contra figuras que hacen parte de la oposición a las políticas impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

En septiembre de 2025, la Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció que en lo corrido de año, la entidad ha recibido una “avalancha” de solicitudes por esquemas de seguridad, de las cuales, 64 provienen de las decenas de aspirantes a la Casa de Nariño.

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Frente a este panorama, la UNP decidió abrir un proceso licitatorio para atender la demanda. Ya en octubre de 2025, dicho proceso fue declarado desierto, según la entidad, ya que no se presentó ningún oferente que cumpliera los requisitos para la adjudicación del contrato para la adquisición de vehículos blindados.

El hecho llamó la atención de la Procuraduría General de la Nación por cuenta de que la entidad encargada de la protección de personajes con algún grado de riesgo en el desempeño de su labor cuenta con los recursos necesarios para la contratación de nuevos vehículos para ser destinados a los esquemas de seguridad.

El Ministerio Público, en cabeza del procurador general Gregorio Eljach, detalló que los organismos de control iniciaron el protocolo de vigilancia preventiva al proceso de licitación, con el fin de determinar si existen los argumentos suficientes para emprender una investigación formal contra la UNP en torno al proceso de contratación.

“Adelantando la labor normal de la Procuraduría, que es acompañar y prevenir, precaver las contrataciones estatales con recursos del fisco público, se hagan de la mejor manera, la más adecuada. Si encontramos fundamentos para abrir unas preliminares, se hará en su momento y, de ahí para adelante, veremos qué arrojan las pruebas que se recauden”, afirmó el procurador en declaraciones recogidas por Semana.

En respuesta a este panorama, Eljach, junto al director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, y los comandantes regionales de la institución, mantuvieron una reunión para definir estrategias orientadas a garantizar la seguridad durante las elecciones y prevenir cualquier incidente que pueda comprometer el proceso democrático.

El posible inicio de una investigación por parte del ente de control contrasta con declaraciones entregadas por Augusto Rodríguez, director de la UNP, a los medios de comunicación el 18 de septiembre de 2025 sobre el incremento en la demanda por esquemas de seguridad.

En su momento, el funcionario argumentó que desde el Gobierno nacional se realizaron esfuerzos importantes desde el Ministerio de Hacienda, de acuerdo a órdenes directas desde el despacho presidencial, para contar con los recursos suficientes para cubrir la demanda de seguridad de precandidatos.

Dichas palabras fueron entregadas luego de que, el mismo Rodríguez, anunciara que previamente ya había existido un proceso de licitación con el mismo objetivo que también fue declarado desierto por causa del incumplimiento de los requisitos por parte de los oferentes interesados.

Bajo este contexto, el proceso por el que la Procuraduría puso sus ojos sobre la UNP ya es el segundo que no se puede adjudicar y que es declarado desierto. Estos argumentos se sumarían al concepto del ente de control para decidir si se abre un proceso disciplinario contra funcionarios del organismo de protección.

La situación se agrava en medio de un panorama en el que la violencia política es pan de cada día en el país. El fenómeno fue advertido también por la Misión de Observación Electoral (MOE), que alertó sobre los riesgos que podrían afectar la próxima jornada electoral debido al incremento de la violencia, la expansión de estructuras criminales y la corrupción que afecta a diversas instancias del Estado.