La Corte Constitucional suspendió el análisis de la Reforma Pensional del Gobierno de Gustavo Petro, aprobada por el Congreso de la República, tras la apertura de un incidente de recusación contra el magistrado Héctor Carvajal. La decisión, adoptada el martes 14 de octubre, detuvo de manera temporal la definición sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, que establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común.
El alto tribunal consideró necesario tramitar la recusación presentada contra Carvajal, que antes de asumir su cargo como magistrado fue abogado del presidente Gustavo Petro.
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Así las cosas, la Corte deberá decidir primero si el magistrado puede continuar en el caso o si debe ser reemplazado, lo que implica que el debate sobre la constitucionalidad de la reforma quedará en pausa hasta que se resuelva este trámite.
La recusación fue interpuesta por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, que argumentó que Carvajal había emitido conceptos jurídicos y suscrito contratos de asesoría con Colpensiones sobre temas relacionados con la reforma antes de ser magistrado.
Valencia sostiene que la relación previa podría constituir una inhabilidad para que el magistrado intervenga en la decisión. La congresista solicitó a la Corte requerir a Colpensiones las copias de los conceptos jurídicos emitidos por Carvajal, con el fin de aportar pruebas que respalden la recusación.
Procedimiento legal y Ley 2067 de 1991
El procedimiento para este tipo de incidentes está regulado por la Ley 2067 de 1991. El texto legal establece que si la recusación fuere pertinente, el magistrado o conjuez recusado deberá rendir informe al día siguiente. Entonces, “en caso de aceptar los hechos aducidos por el recusante, se le declarará separado del conocimiento del negocio. De lo contrario, se abrirá a prueba el incidente por un término de ocho días: tres para que el recusante las pida y cinco para practicarlas, vencido el cual, la Corte decidirá dentro de los dos días siguientes”.
Además, la ley indica que en este proceso “actuará como sustanciador el magistrado que siga en orden alfabético al recusado. Si prospera la recusación, la Corte procederá al sorteo de conjuez”.
La senadora Valencia también presentó una demanda de legalidad contra la ley, en la que cuestiona varios apartados del articulado por presuntos vicios de trámite y por el alcance de los cambios introducidos en el sistema pensional. El magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez debía pronunciarse sobre un presunto vicio de trámite en la Cámara de Representantes, pero la discusión quedó suspendida hasta que se resuelva la situación de Carvajal.
Implicaciones para la Reforma Pensional y posiciones de los actores
La suspensión del estudio de la reforma implica un retraso en la definición sobre el futuro del sistema de jubilaciones. La Corte podría tardar semanas en resolver el incidente de recusación, lo que aplaza la posibilidad de que se conozca una postura oficial sobre la constitucionalidad de la ley. Mientras tanto, el Gobierno insiste en la urgencia de la reforma para garantizar recursos destinados a los adultos mayores en situación de pobreza, quienes un bono pensional de $230.000 del Pilar Solidario.
A su vez, el presidente Gustavo Petro señaló que el aval de la Corte Constitucional es clave para la sostenibilidad fiscal del sistema de jubilaciones, ya que permitiría reorganizar el flujo de aportes y reducir el déficit futuro. Por su parte, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) reiteró su preocupación por el impacto de la reforma.
El gremio que lidera Andrés Velasco sostiene que la nueva ley elimina la competencia entre sistemas y restringe el derecho de selección de los afiliados, lo que podría afectar la sostenibilidad del ahorro pensional a largo plazo.
Los próximos pasos
En cuanto a los próximos pasos, la Corte Constitucional deberá decidir en las siguientes sesiones plenarias si el magistrado Carvajal continúa en el caso o si se nombra un conjuez. Solo después de resolver este incidente se retomará el análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma y los eventuales vicios de trámite señalados en la demanda.
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