La Fiscalía solicitó principio de oportunidad para Carlos Martínez, el ‘hombre del maletín’ en el caso ‘las Marionetas’

La solicitud de principio de oportunidad para Juan Carlos Martínez Rodríguez, conocido como “el hombre del maletín” y figura central en el escándalo de corrupción denominado ‘las Marionetas’, ha abierto la posibilidad de nuevas revelaciones que podrían involucrar a más de 20 personas en una de las tramas más relevantes de la política colombiana reciente.

Y es que, según explicó El Tiempo, durante una audiencia reservada celebrada el martes 14 de octubre ante el Juzgado 49 penal municipal con función de control de garantías, la Fiscalía presentó la petición formal, destacando el papel clave de Martínez en la red que llevó a prisión al exsenador Mario Castaño.

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Al parecer, la diligencia judicial, que duró cerca de cuatro horas y media, se centró en la solicitud de la Fiscalía para que se conceda a Martínez una suspensión de la acción penal por un año, bajo la figura del principio de oportunidad.

Esta medida podría prorrogarse hasta tres años y busca facilitar la colaboración de Martínez con la justicia a cambio de beneficios procesales.

El Tiempo detalló que la petición incluye la suspensión del término de prescripción de la acción penal, lo que permitiría a las autoridades avanzar en la investigación de la red de corrupción sin la presión de los plazos legales habituales.

Y es que Juan Carlos Martínez Rodríguez, capturado en mayo de 2025, ha sido señalado como la mano derecha de Mario Castaño y pieza fundamental en la operación de la organización delictiva.

De acuerdo con documentos obtenidos por El Tiempo, la Fiscalía expuso que Martínez coordinaba y dirigía la adjudicación irregular de contratos públicos desde la fase precontractual de proyectos de infraestructura en distintas regiones del país.

El ente acusador destacó que Martínez “mantenía comunicación directa con mandatarios locales, funcionarios públicos y contratistas para asegurar el éxito de la empresa criminal en el direccionamiento de contratos, coordinó pagos y distribuciones de dineros, administró recursos de la organización delictiva, puso a disposición de la organización sus cuentas de ahorros, logrando con esto que se diera apariencia de legalidad al movimiento de dineros”.

Además, la Fiscalía resaltó que Martínez controló la empresa Top de Ingeniería S.A.S., la cual resultó beneficiada de manera indebida en procesos de contratación estatal en varios municipios; su rol también incluyó la gestión de nombramientos de contratistas y servidores públicos en entidades como el Sena y la Contraloría, a cambio de retribuciones económicas y apoyo político para el exsenador Castaño.

La imputación de delitos contra Martínez abarca lavado de activos, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y falsedad en documento privado.

Según explicó el mismo medio, la Fiscalía justificó la solicitud del principio de oportunidad en la relevancia de su testimonio para esclarecer la conducta de otros implicados, señalando que “solo con el testimonio de Martínez se puede llegar a esclarecer la conducta de varias personas”.

Así las cosas, el alcance de la colaboración de Martínez podría tener consecuencias para una amplia red de exfuncionarios y políticos.

El Tiempo reveló que en la lista de personas que podrían verse implicadas figuran José Joaquín Marchena, exrepresentante a la Cámara por Arauca; Susana Correa, exdirectora del Dapre; Tatiana Buelvas; Gloria Raigoza, alcaldesa de Alcalá; Yefferson Lozano, exalcalde de Condoto; Humberto Vásquez, exalcalde de Balboa; Diego González, exalcalde de Aguadas; Yefer Arley Gamboa, exalcalde de Nuquí; y Diego Ramos, exalcalde de Dosquebradas. También aparecen los candidatos a la Cámara por el partido Liberal Sandro Condia, José Eliécer Cortés, Graciela Vergara, Martha Álvarez y Fredy García, así como el particular Ernesto Ruiz y el contratista Jhoan Rentería.

Al concluir la audiencia, el juez fijó para el 24 de octubre a las 3:00 p. m. la próxima sesión, en la que se anunciará si se otorga el principio de oportunidad solicitado y respaldado por todas las partes.