Un escándalo que involucra presuntos tráficos de influencias emergió en el seno del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), luego de que la empresa Bienestar Seguros denunciara irregularidades en la asignación de la póliza para el servicio de seguros.
La situación saltó a la atención pública tras la investigación del diario El Tiempo, que reveló una serie de hechos que apuntan a posibles manipulaciones en la contratación y favoritismo hacia una multinacional.
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Todo comenzó el 26 de septiembre de 2024, días antes de que se desatara el segundo ‘plan pistola’ contra funcionarios del Inpec, que en menos de una semana cobró la vida de tres dragoneantes y un médico. En esa fecha, la dirección de la entidad pública, bajo la gestión del coronel Daniel Gutiérrez, tomó la decisión de cancelar la póliza de seguros a la empresa Bienestar, la cual había estado prestando sus servicios desde 2023.
Bienestar Seguros y Delima Marsh enfrentan una batalla por la póliza del Inpec
Esta medida dejó a Bienestar fuera de juego y, en su lugar, devolvió el contrato a la multinacional Delima Marsh, un cambio que genera inquietudes sobre la transparencia de la contratación. Lo sorprendente de este giro es que la decisión se tomó luego de que el propio director del Inpec pidiera en varias ocasiones a la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que la entidad había mostrado bajos niveles de cumplimiento.
La tensión entre las partes no tardó en escalar, y Bienestar Seguros, la empresa afectada, denunció ante diversas entidades como la Procuraduría, la Contraloría y el propio Inpec, lo que considera un posible caso de tráfico de influencias. La denuncia se centra en lo que se describe como una serie de “amiguismos” entre funcionarios del Ministerio de Justicia y directivos de Delima Marsh, lo que habría favorecido el regreso de esta empresa al contrato, en detrimento de la otra firma.
La intermediación de seguros en el ámbito de riesgos laborales está regulada por la Ley 1562 de 2012, y se realiza de manera voluntaria a través de corredores o agentes de seguros, como el caso de Bienestar y Delima.
Los recursos provienen principalmente de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), siendo Positiva la encargada en este caso. En este tipo de contratos, las agencias involucradas ejecutan planes de bienestar, salud y seguridad en el trabajo, y su compensación proviene de un porcentaje de la póliza que, debido al número de funcionarios del Inpec y al riesgo involucrado, podría superar los $3.500 millones anuales.
La disputa entre las dos compañías comenzó en abril de 2023, cuando el Inpec reemplazó a Delima Marsh por Bienestar Seguros como el nuevo corredor de seguros; sin embargo, el 10 de octubre del mismo año, tras repetidas solicitudes de la entidad para volver a ser designada, se adoptó una solución intermedia.
En un acuerdo poco usual, la entidad de seguridad penitenciaria decidió repartir la póliza entre tres empresas: Bienestar y Delima recibirían el 40% cada una, mientras que un tercer actor, Shalom Asesores, tomaría el 20%; esta distribución de tareas se mantuvo durante casi un año.
Bienestar Seguros denunció irregularidades en el método de contratación
El 16 de septiembre de 2024, no obstante, el Inpec volvió a confiar el contrato de forma exclusiva a Bienestar Seguros, una decisión que parece haber reavivado las tensiones, ante esta situación, Delima solicitó una audiencia con la ministra Buitrago, en la que presentó su oferta de servicios para recuperar la totalidad de la póliza.
Para asegurar la transparencia en el proceso, la ministra pidió al director del Inpec un informe detallado sobre el cumplimiento de los tres cointermediarios y las razones que justificaban la decisión de otorgar el 100% de la póliza a Bienestar.
El informe de Gutiérrez, conocido por el diario en mención, detalló que Delima Marsh había enfocado su propuesta de manera deficiente, específicamente en el área de medicina laboral.
El informe resalta que la empresa había mostrado “baja ejecución” en los análisis de puestos de trabajo (APT) y en los estudios técnicos de seguimiento (ETS), lo que generó “traumatismos en el proceso de salud ocupacional” y retrasos en la presentación de su plan de trabajo.
Según el director del Inpec, esto impactó de forma negativa la implementación de políticas y medidas de salud ocupacional para los empleados penitenciarios.
Por otro lado, Gutiérrez aseguró que Bienestar Seguros presentó una propuesta “integral” que no solo incluyó el diseño y la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), sino un “talento humano calificado” y con “amplia experiencia en el sector”.
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