La Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección del procurador Gregorio Eljach, abrió una acción preventiva para analizar la legalidad y las implicaciones constitucionales del requerimiento enviado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los medios de comunicación en Colombia.
El documento de la CRC solicita a los medios información detallada sobre sus políticas internas, criterios de selección de contenidos, manuales de actuación, relatorías de comités editoriales y demás documentos que, según la entidad, permiten evaluar la imparcialidad, objetividad y veracidad de la información.
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Sin embargo, la Procuraduría identificó varios riesgos: posible extralimitación de funciones de la CRC, riesgo de censura indirecta, afectación de derechos fundamentales como la confidencialidad de las fuentes y secreto profesional, ambigüedad sobre el uso de los datos y falta de claridad respecto a la voluntariedad de la entrega de la información.
Eljach advirtió que no permitirá que se configuren prácticas que vulneren la libertad de prensa ni la autonomía editorial de los medios.
Además, exigió a la CRC que entregue, en un plazo de tres días hábiles, el requerimiento original, el fundamento legal de su competencia, aclaración explícita sobre la obligatoriedad o voluntariedad de la información solicitada, protocolos de confidencialidad y una descripción detallada del uso previsto de los datos.
Organismos de control y expertos alertan sobre la libertad de prensa
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han manifestado preocupación por la circular enviada por la CRC, que requiere actas, relatorías y otros documentos internos de los medios.
Sofía Jaramillo, directora de la Flip, calificó la solicitud como un “asomo de censura” y pidió su retiro inmediato. “Aunque la CRC aclaró que la entrega de la información es voluntaria, la mera solicitud genera efectos muy indeseados en el ejercicio periodístico”, afirmó Jaramillo. Además, advirtió que el requerimiento compromete discusiones internas sensibles y la independencia de los medios.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, envió una carta recordando los principios democráticos y señalando que las aclaraciones emitidas por la CRC no despejan la preocupación sobre la naturaleza de los documentos solicitados.
Según la entidad, la formulación del requerimiento puede generar “efectos inhibidores sobre la deliberación periodística”, lo que contraviene estándares constitucionales e internacionales sobre libertad de prensa y reserva profesional.
La posición de la CRC
La comisionada para asuntos audiovisuales de la CRC, Andrea Muñoz, defendió la legalidad de la solicitud y aseguró que no se trata de una actuación sancionatoria.
En declaraciones recogidas por W Radio, afirmó: “No estamos en ninguna actuación administrativa específica para establecer sanciones. La intención es promover un ambiente de colaboración y construcción del ecosistema mediático”.
Sin embargo, la redacción literal de la carta advierte sobre la posibilidad de sanciones en caso de incumplimiento, lo que ha generado interpretaciones de coerción y amenaza a la libertad de expresión. La misiva también establece un plazo de 10 días hábiles para la entrega de la información, lo que aumenta la preocupación de medios y organismos de control sobre la independencia editorial.
El debate sobre el alcance de la CRC no se limitó al ámbito institucional. El presidente Gustavo Petro aseguró que la medida se enmarca en los términos del fallo del Consejo de Estado sobre alocuciones presidenciales y cuestionó si la censura se aplicará solo a él o a toda la prensa.
Por otro lado, el congresista Esteban Quintero, del Centro Democrático, calificó la medida como un “paso peligroso hacia la censura y el control ideológico”, mientras que el precandidato presidencial Héctor Olimpo denunció un intento de injerencia estatal en las salas de redacción.
El requerimiento de la CRC ha abierto un debate sobre los límites de la regulación estatal en materia de medios, la protección de la deliberación interna de los periodistas y la vigencia de los estándares constitucionales e internacionales sobre libertad de prensa en Colombia.
Mientras la CRC insiste en que se trata de un requerimiento de carácter informativo y analítico, la Procuraduría, la Flip y la Defensoría del Pueblo advierten que la solicitud puede constituir un riesgo para la independencia editorial y la reserva profesional, lo que mantiene viva la polémica sobre la intervención estatal en los medios de comunicación.
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