La reciente condena a Leidy Marcela Quinche Cante, exfuncionaria de Migración Colombia, puso en primer plano las debilidades de los controles migratorios en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.
La sentencia, que la obliga a cumplir cuatro años y tres meses de prisión por el delito de concusión, se dictó tras comprobarse que exigía pagos de hasta USD 3.500 a viajeros, incluidos adultos que intentaban salir del país con menores de edad sin la documentación requerida.
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La investigación de la Fiscalía reveló que, entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, Quinche Cante utilizó su posición en los filtros de salidas internacionales para identificar a pasajeros con irregularidades en sus papeles.
En lugar de aplicar la normativa y negar la salida, la funcionaria solicitaba sobornos en pesos y dólares, permitiendo así que los viajeros abordaran sus vuelos sin cumplir los requisitos legales. Las cámaras de seguridad del aeropuerto registraron cómo recibía sobres con dinero de quienes no contaban con la documentación adecuada, especialmente en casos que involucraban a menores de edad.
El caso salió a la luz pública a finales de mayo, cuando un ciudadano estadounidense deportado denunció ante las autoridades que la funcionaria le había exigido dinero para permitir su ingreso a Colombia.
A partir de esa declaración, la Fiscalía revisó las grabaciones de seguridad y detectó que Quinche Cante retenía a los viajeros durante lapsos de hasta media hora, tiempo en el que los presionaba para que entregaran el dinero solicitado bajo la amenaza de perder el vuelo.
“Quinche Cante quedó en evidencia en cámaras de seguridad, cuando recibía en sobres el dinero que pedía a los ciudadanos que no cumplían con los requisitos para salir del país o viajar con sus hijos menores de edad”, informó la Fiscalía General de la Nación.
Una fuente consultada por El Tiempo detalló que, tras individualizar a los pasajeros atendidos por la funcionaria, se recopilaron cerca de seis denuncias de cobros, algunos realizados en dólares.
El mecanismo de extorsión incluía tanto transferencias bancarias como pagos en efectivo. Una de las víctimas relató a Noticias RCN que la oficial le indicó que, sin un soporte económico adicional, no podría viajar, pero luego insinuó que existía la posibilidad de “arreglar de otra manera”.
La Fiscalía precisó que la funcionaria quedó en evidencia en las cámaras de seguridad, recibiendo el dinero en sobres de los ciudadanos que no cumplían con los requisitos para salir del país o viajar con menores de edad.
La captura de Quinche Cante se produjo el 9 de mayo en un conjunto residencial de Bogotá, cuando agentes de la Dijín y de la Fiscalía ejecutaron una orden de captura emitida por un juzgado de la ciudad. Fue procesada por el delito de concusión en concurso homogéneo, lo que implica múltiples actos cometidos bajo la misma modalidad delictiva y agravados por su condición de servidora pública.
El fallo judicial no solo impone la pena de prisión, sino una multa de 36,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 43 meses. Por su condición de madre cabeza de hogar, la exfuncionaria cumplirá la condena en su domicilio.
Este caso resalta la importancia de los protocolos migratorios diseñados para proteger a los menores de edad. La ley colombiana exige que todo niño, niña o adolescente que salga del país cuente con pasaporte vigente, registro civil de nacimiento y, en caso de no viajar con ambos padres, un permiso de salida autenticado ante notario.
Este documento debe especificar el destino, el propósito del viaje y las fechas de salida y regreso. La omisión de estos requisitos constituye una falta grave que impide legalmente la salida del menor, y la actuación de la exfuncionaria representó una vulneración directa a la cadena de protección de la niñez.
La decisión judicial, además de sancionar un acto de corrupción, subraya la necesidad de mantener controles estrictos en los puntos de salida internacional para evitar que situaciones similares pongan en riesgo la seguridad y los derechos de los menores colombianos.
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