Defensoría del Pueblo pide frenar requerimiento de la CRC a medios de comunicación que pondría en riesgo la libertad de prensa

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, envió una comunicación formal a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en la que solicita retirar el requerimiento de información remitido a varios medios de comunicación, al considerar que podría vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el secreto profesional.

En la carta dirigida a la comisionada Andrea Muñoz Gómez y a los comisionados Mauricio Vera Sánchez y Sadi Contreras Fuset, la funcionaria expresó la preocupación institucional por las solicitudes de información que exigen a los medios entregar documentos internos relacionados con sus procesos editoriales, entre ellos actas, relatorías y manuales, bajo advertencia de posibles sanciones administrativas.

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“La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, manifiesta su preocupación por el requerimiento de información remitido recientemente por esa Comisión a distintos medios de comunicación”, señaló el documento.

De acuerdo con la Defensoría, ese tipo de requerimientos podría traducirse en una vulneración directa de varios derechos constitucionales. Entre ellos el artículo 20 de la Constitución Política, que garantiza la libertad de expresión, el artículo 73, que protege la libertad de la actividad periodística, y el artículo 74, que consagra el derecho de acceso a la información y el secreto profesional.

En su misiva, Marín Ortiz recordó que la Corte Constitucional reiteró en múltiples fallos —entre ellos las sentencias C-488 de 1993, T-391 de 2007, T-219 de 2009, C-592 de 2012 y T-028 de 2022— que la libertad de prensa tiene un carácter reforzado dentro del orden constitucional y constituye un pilar esencial para el funcionamiento de la democracia.

La Defensora enfatizó que, aunque los medios de comunicación están sujetos al principio de responsabilidad social, ello no habilita mecanismos de supervisión estatal sobre sus contenidos o procesos internos.

“Para la Corte, los riesgos derivados de una información inexacta o sesgada deben enfrentarse mediante la autorregulación ética y profesional de los propios medios, dentro de un marco jurídico respetuoso de los principios democráticos y de las garantías que protegen la independencia periodística”, recordó Marín Ortiz.

La posición de la Defensoría del Pueblo también se alinea con los estándares internacionales de derechos humanos. En su comunicado, la entidad cita el informe Ética en los medios de comunicación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que advierte que la evaluación de la conducta de los medios no debe recaer en órganos administrativos, sino en mecanismos de autorregulación profesional y en la sociedad civil.

“Los medios deben ser libres para desarrollar códigos de ética, consejos de prensa y espacios de crítica pública, como instrumentos voluntarios que refuercen la credibilidad y la responsabilidad informativa sin menoscabar la libertad de prensa”, señaló el documento citando a la Relatoría.

Asimismo, la Defensoría recordó las observaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en particular la Observación General No. 34, que desarrolla el alcance del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese texto, el Comité insta a los Estados a garantizar la existencia de medios libres y capaces de informar sobre asuntos públicos sin censura ni limitaciones.

“La libertad de expresión —en sus dimensiones individual y colectiva— comprende tanto el derecho de los medios a acceder a la información necesaria para cumplir su función social, como el derecho de la ciudadanía a recibir los resultados de su labor informativa”, destacó la comunicación de la Defensora.

En su mensaje final, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades para preservar la independencia de los medios y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como una forma de censura o interferencia estatal. La entidad reiteró su compromiso con la promoción y defensa del derecho a la información y con el fortalecimiento de un periodismo libre, ético y responsable como base del sistema democrático colombiano.

“Es fundamental que los mecanismos de control respeten la autonomía editorial y la libertad periodística, pilares esenciales para la garantía de los derechos humanos en una sociedad democrática”, concluyó Marín Ortiz.