Gobernador de Antioquia exigió a la Fiscalía una investigación tras asonada contra el Ejército en Sonsón

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó a la Fiscalía General de la Nación una investigación por la asonada que impidió la captura de presuntos miembros del Clan del Golfo y puso en riesgo a las fuerzas especiales del Ejército Nacional en la vereda El Porvenir, corregimiento La Danta, municipio de Sonsón.

El incidente, que se prolongó desde la tarde hasta altas horas del sábado 11 de octubre, culminó con la intervención de helicópteros para evacuar a los uniformados, según confirmó el mandatario departamental.

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La operación militar tenía como objetivo actuar contra alias El H, también conocido como Don Hugo, considerado uno de los cabecillas del Clan del Golfo en el oriente antioqueño y el Magdalena Medio.

Según lo reportado por las autoridades regionales, el despliegue permitió, en primera instancia, la captura de tres personas y la neutralización de un hombre, todos integrantes de la subestructura Oliverio Isaza Gómez.

Sin embargo, la reacción de un grupo de habitantes de la zona obstaculizó el avance de las tropas legítimas. Los militares resultaron rodeados por al menos 400 personas que respaldaron a los presuntos delincuentes, impidiendo que las capturas se concretaran y que el arsenal incautado permaneciera bajo resguardo oficial.

Durante los momentos más críticos, cuatro vehículos de uso oficial, entre ellos tres automóviles y una motocicleta, fueron incendiados y destruidos.

El gobernador Rendón expresó su preocupación por el apoyo recibido por los integrantes del Clan del Golfo de parte de habitantes de la región.

“Alarma que algunas personas de la población salieron a apoyar a los bandidos y a atacar a los soldados, tal y como ocurrió hace unos meses, cuando fue dado de baja alias Terror, temido integrante del Clan del Golfo”, escribió Rendón en X.

El mandatario regional agregó: “Esta es una clara muestra de cómo, en algunas zonas del país, no es el Estado quien ostenta la legitimidad; es el crimen que ha crecido a sus anchas, y son las rentas criminales las que producen esa ‘cercanía’ engañosa con la gente”.

Episodios previos de solidaridad entre la comunidad y miembros de bandas criminales ya habían sido observados en ocasiones anteriores en la misma región. Tras la muerte de alias Terror en un operativo de la fuerza pública, se registró una respuesta similar de sectores sociales que intervinieron activamente en favor del grupo armado ilegal.

El gobernador insistió en la necesidad de una respuesta contundente del Estado.

“El Ministerio de Defensa tiene que poner todas sus capacidades para proteger a los uniformados que participan en estos operativos; su integridad, honra y también de los bienes que disponen para su trabajo. Lo que falta es decisión política para actuar y hacer cumplir la ley y la Constitución: ni legitimar, ni permitir asonadas o ataques contra nuestros soldados y policías”, subrayó en la misma red.

Mientras se desarrollaba el enfrentamiento, unidades del Ejército Nacional permanecieron cercadas a la espera de refuerzos y solo en horas recientes logró completarse la evacuación vía aérea.

Autoridades militares informaron que la quema de vehículos oficiales obstruyó la movilidad y representó un desafío logístico para la operación. La Séptima División del Ejército comunicó que: “Se violó el derecho a la libre movilidad de nuestras tropas, y se obstruyó la función pública”.

Horas después de la evacuación, Andrés Julián Rendón confirmó que los uniformados del Ejército lograron salir ilesos de la zona.

“Gracias a Dios nuestros Soldados están sanos y salvos. Me comparten esta imagen desde La Danta, Sonsón. Hay que mantenernos firmes: en defensa de la Constitución y la ley (sic)”, publicó desde sus redes sociales oficiales.

Las autoridades departamentales mantienen en observación la situación de seguridad en Sonsón y sus alrededores, y reiteran la preocupación por la consolidación de la criminalidad como factor de influencia en áreas rurales, donde la presencia del Estado resulta limitada frente a las estructuras armadas ilegales.