La Transversal del Sisga es un proyecto de infraestructura vial que pasa por cerca de 12 municipios de Cundinamarca, Boyacá y Casanare, lo que la hace un corredor fundamental para la conectividad de la región central del país con el norte y, al mismo tiempo, el sur del país. En total son 137 kilómetros que implican la inversión de $960.000 millones.
Sin embargo, para la Procuraduría General de la Nación, en la ejecución del proyecto se presentaron irregularidades en el “sistema de energización” de los túneles La Presa, Pluma de Agua, La Cascada, Moyas, Muros I y Muros II, ubicados en la unidad funcional Nro. 3, es decir, en el tramo comprendido entre los municipios Macanal y Santa María, al sur de Boyacá.
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De acuerdo con el ente de control, los inconvenientes estarían asociados a incumplimientos en la normatividad vigente de diseño, construcción, operación y mantenimiento de túneles de carreteras, tal como lo estipula una resolución proferida por el Instituto Nacional de Vías (Invías) en el año 2021.
El documento por el que la entidad emprendió acciones disciplinarias contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) fija parámetros técnicos sustanciales para la construcción y operación de túneles carreteros en el país, lo que incluye especificaciones sobre sistemas eléctricos, ventilación, señalización y mecanismos de emergencia para el tránsito seguro de todo tipo de vehículos.
La acción anunciada por la Procuraduría consiste en la intervención de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, que realizará una visita técnica a la concesión Transversal del Sisga. El objetivo central de esta diligencia será verificar la funcionalidad actual de las infraestructuras y recabar información precisa sobre las condiciones en las que operan los túneles en cuestión.
A la par, las investigaciones técnicas buscan determinar si los eventuales problemas registrados atentan contra la seguridad vial o ponen en riesgo los estándares mínimos exigidos para el tránsito seguro de vehículos por estos corredores estratégicos de la red nacional.
De igual manera, la Segunda Delegada para la Contratación Estatal de la entidad, que debe velar por la transparencia en las actuaciones de los funcionarios estatales, ordenó la recolección y práctica de pruebas documentales. Estas diligencias están orientadas a establecer detalladamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que habrían ocurrido las presuntas irregularidades.
Con esta acción del organismo delegado se busca determinar la trazabilidad y el cumplimiento de los cronogramas establecidos para la ejecución de las obras, así como la posible existencia de omisiones o acciones que hayan comprometido el adecuado desarrollo del sistema de energización.
Para cumplir con este objetivo, los equipos de investigación deberán reunir documentos, informes técnicos y testimonios que permitan identificar a los eventuales responsables y cuantificar la afectación generada por los problemas detectados en el proceso de construcción y puesta en marcha de los túneles del Sisga.
Con este proceso la entidad de control pretende determinar si la ANI cumplió cabalmente con sus obligaciones de supervisión y si los contratistas encargados ejecutaron de manera idónea las obras, o si, por el contrario, existen motivos fundados para iniciar sanciones administrativas o disciplinarias.
En esta misma línea, la Procuraduría subrayó que el enfoque de la diligencia es preventivo y busca evitar mayores afectaciones y detrimento de los recursos públicos del país, así como las condiciones de seguridad vial.
Dichas acciones preventivas de la entidad llegan en un momento en que las condiciones de la transversal del Sisga se ven afectadas por cuenta de la creciente en las lluvias en varias regiones del país.
En el segundo semestre de 2025, el corredor enfrentó inundaciones, desbordamientos y desprendimiento de roca en sectores críticos, lo que obligó a las autoridades a restringir el paso a un solo carril o, en algunos tramos, cerrar totalmente la vía y al mismo tiempo habilitar pasos alternos.
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