Luis Fernando Velasco es señalado por presunta entrega de cupos indicativos en el Congreso: testigos en caso Ungrd lo mencionaron

Las acusaciones que vinculan a Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, con la presunta entrega de cupos indicativos para asegurar apoyos legislativos en el Congreso han cobrado fuerza a partir de los testimonios presentados ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.

Según reveló la revista Cambio, varios testigos clave han señalado directamente a Velasco como el principal artífice de una presunta estrategia gubernamental destinada a garantizar la aprobación de reformas mediante la asignación de contratos y recursos a congresistas, en particular al senador Julio Elías Chagüi.

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El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López relató ante la Corte Suprema que la estrategia de los cupos indicativos se discutió en reuniones celebradas en la Casa de Nariño entre noviembre y diciembre de 2023.

López afirmó que, durante estos encuentros, Velasco admitió negociar con parlamentarios para facilitar la aprobación de la reforma a la salud. “Velasco dice abiertamente que para lograr la aprobación de la reforma a la salud, el pedido de los congresistas era de contratos por 80.000 millones. Él ofreció 35.000 millones en contratos. Dijo que seguiría negociando y esperaba cerrar en 60.000 millones de pesos”, declaró López a la justicia, según los testimonios revelados por Cambio.

El 4 de diciembre de 2023, López habría recibido una orden directa de Velasco: debía atender al senador Chagüi y entregarle 30.000 millones de pesos en contratos, trasladando la contratación a la Ungrd debido a la inoperancia del Invías.

López aseguró que estos recursos respondían a una deuda previa con la Comisión Primera del Senado, no a una negociación futura. Dos días después, López y el subdirector de la Ungrd Sneyder Pinilla se reunieron con Chagüi en un hotel de Bogotá, donde el senador confirmó que el acuerdo con el ministro del Interior era por contratos entre 32.000 y 35.000 millones de pesos, destinados a proyectos en Sahagún, Córdoba. Chagüi, según López, se comprometió a gestionar el proceso y a distribuir los recursos entre los demás congresistas de la Comisión Primera.

La versión de López fue respaldada por Pinilla, que también confirmó la cita y la instrucción recibida. Además, López detalló que los contratos asignados no se evaluaban en función de su necesidad o urgencia, sino que se ejecutaban por compromisos adquiridos con el Ejecutivo. “Eran proyectos del 2021. No eran prioritarios”, puntualizó el exdirector de la Ungrd.

El testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, añadió nuevos elementos a la investigación. Benavides, que colabora con la justicia bajo un principio de oportunidad, relató que Velasco insistía a Bonilla en la necesidad de cumplir los compromisos con Chagüi.

“Velasco le decía a Bonilla que había que cumplirle a Chagüi”, afirmó Benavides ante la Corte Suprema, según recogió Cambio. Su labor consistía en gestionar los cupos indicativos tras recibir la autorización del ministro, coordinar con los parlamentarios y registrar los proyectos en una tabla de Excel que luego presentaba para su aprobación.

Benavides explicó que, en septiembre de 2023, acompañó a Bonilla a una reunión con Velasco, donde habría recibido la instrucción de tramitar los cupos indicativos del senador Chagüi. En ese encuentro también participaron los enlaces del Congreso con la Presidencia, Jaime Ramírez Cobo y Fernando Henao.

Posteriormente, Chagüi le habría entregado a Benavides los nombres de tres proyectos adjudicados en 2021, que ella incorporó en la tabla de seguimiento. Sin embargo, la gestión de estos proyectos se complicó debido a la falta de aprobación por parte de la dirección del Invías.

La presión para cumplir con los compromisos se intensificó en octubre de 2023, cuando Velasco preguntó a Bonilla por el avance de los proyectos de Chagüi, evidenciando la urgencia de asegurar la aprobación de créditos antes del cierre del periodo legislativo. Ante la falta de avances en el Invías, la responsabilidad de tramitar los contratos recayó en la Ungrd, bajo la coordinación de López y Pinilla.

El entramado involucró a otros funcionarios y enlaces interinstitucionales. Benavides debía coordinar con Juan José Oyuela, entonces director encargado del Invías, y posteriormente con Mercedes Elena Gómez, quien asumió el cargo en febrero de 2024. Además, la comunicación entre asesores y enlaces del Congreso resultó fundamental para la gestión de los recursos.

En diciembre de 2023, Sneyder Pinilla recibió instrucciones de Carolina Martínez, asesora de Olmedo López, quien le indicó que el enlace de Velasco y Carlos Ramón González (exdirector del Dapre) era la misma persona y que debía atender con urgencia a los alcaldes de Cotorra, Salado y Saravena para evitar que se frustraran los proyectos en el Congreso. Los contratos referenciados ascendían a 50.000 millones de pesos para Cotorra, 12.356 millones para Salado y 30.000 millones para Saravena.

Las comunicaciones entre Pinilla y Jaime Ramírez Cobo, asesor de la Presidencia y señalado como enlace de Velasco y González con el Congreso, reflejaron la presión para agilizar la entrega de recursos.

Ramírez solicitó ayuda para garantizar la destinación de los fondos, advirtiendo que la demora podría poner en riesgo la aprobación de los créditos de la nación. Posteriormente, Pinilla mantuvo contacto directo con Benavides, quien le proporcionó los datos de los responsables de los contratos en cada municipio y le pidió que asegurara a los alcaldes que los recursos ya estaban asignados.

No obstante, no todos los funcionarios mencionados aceptaron la existencia de la estrategia. Jaime Ramírez Cobo, en su declaración ante la Corte Suprema el 23 de septiembre de 2023, negó haber participado en reuniones donde se discutiera la entrega de proyectos a Chagüi y afirmó que su única intervención fue poner en contacto a Benavides con la Ungrd por motivos de camaradería.

“Esa palabra de cupos indicativos jamás la escuché en el Congreso de la República. No podría dar información porque desconozco lo de los cupos indicativos”, sostuvo Ramírez.

Las contradicciones entre los testimonios de López, Benavides y Ramírez Cobo han generado incertidumbre sobre la naturaleza y el propósito de los contratos. Mientras algunos declarantes sostienen que los recursos correspondían a deudas previas, otros sugieren que su entrega buscaba asegurar la aprobación de créditos y reformas en el Congreso.

Además, el papel de funcionarios como Juan José Oyuela y Mercedes Elena Gómez aparece mencionado en la coordinación de los proyectos, aunque sin detalles concluyentes sobre su grado de implicación.

A pesar de la abundancia de testimonios y pruebas documentales, la investigación judicial aún no ha derivado en llamados a responder ante los estrados para los presuntos autores intelectuales de la estrategia.

Aunque múltiples voces señalan a Velasco y Bonilla como determinadores de la repartición de cupos indicativos, la Fiscalía debe establecer si estos hechos ocurrieron tal como los describen los testigos. Por ahora, el único alto funcionario mencionado públicamente como determinador, Carlos Ramón González, permanece prófugo, mientras la justicia sigue sin esclarecer plenamente el alcance de la operación.