Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Barranquilla denunciaron amenazas de muertes masivas y presencia de recompensas de hasta $5 millones de pesos por atentar contra su integridad.
Las intimidaciones, atribuidas a grupos armados, se dirigen a cualquier custodio, sin discriminación, lo que ha generado alarma en el personal del sistema carcelario.
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El dragoneante Hernando Vitola, líder sindical del comité nacional de Fecospec, explicó a Caracol Radio que las amenazas “no son tipo un nombre, porque para ellos simplemente es atacar a uno, cualquiera que sea, y dar el positivo o mostrar el positivo”.
Vitola añadió: “Hemos tenido conocimiento de que por nuestras cabezas hay de 3 a 5 millones de pesos. Y nosotros prácticamente estamos solos, estamos sin protección, no tenemos armamento que de pronto el Estado nos pueda proveer”.
A diferencia de episodios anteriores, las intimidaciones ahora son colectivas y no localizadas, lo que, según Vitola, ha incrementado el riesgo.
“Es que no existen amenazas concretas contra funcionarios en particular, es en general. Es decir, el que caiga, el que dé la pata, el que dé la papaya. Eso es lo que está pasando”, reiteró el líder sindical.
Las denuncias sugieren que los grupos criminales buscan presionar su inclusión en diálogos con la actual administración mediante la escalada de amenazas y atentados.
Vitola advirtió: “Se están haciendo alarde de esta situación y aprovechándola de alguna manera para que el mismo Gobierno Nacional los incluya en esas mesas de diálogo. Hay un grupo al margen de la ley que fue excluido y ahorita se está haciendo sonar haciendo estos asesinatos, al parecer”.
Otro de los puntos críticos señalados por el líder sindical es la falta de seguridad para los funcionarios fuera de los centros penitenciarios.
“Nosotros no tenemos ninguna seguridad fuera de estas paredes del establecimiento o de los establecimientos carcelarios que nos protejan. Porque como te dije, no contamos con un armamento propio, ni siquiera un armamento institucional. Estamos de la mano de Dios”, declaró.
El medio citado confirmó que Vitola hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para que implementen medidas de protección similares a las otorgadas previamente a miembros de la Policía Nacional, quienes tras una ola de asesinatos recibieron chalecos antibalas y armamento institucional.
“Pedimos que al menos se nos brinde la seguridad mínima”, exigió el líder sindical, enfatizando la vulnerabilidad y el temor entre los custodios.
Actualmente, la falta de claridad sobre posibles responsables y la naturaleza colectiva de las amenazas mantiene en alerta al cuerpo de funcionarios del Inpec en Barranquilla, que aguarda respuestas y acciones contundentes por parte de las autoridades para salvaguardar su integridad y la de sus familias.
Homicidios contra funcionarios del Inpec en Colombia alcanzan cifra récord durante la administración de Gustavo Petro
El asesinato de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Colombia llegó a cifras críticas durante la administración de Gustavo Petro, con al menos 35 víctimas mortales en los últimos cuatro años.
El aumento de homicidios de guardias y empleados carcelarios refleja múltiples atentados violentos y amenazas persistentes.
La reciente ola de crímenes se ha evidenciado con casos emblemáticos. Entre ellos figura el dragoneante Jimmy Franklin Flores, asesinado en Cali tras salir de su turno en la cárcel de Villahermosa.
Flores fue la cuarta víctima del Inpec en una sola semana, ilustrando la intensidad del riesgo para estos trabajadores.
La lista de homicidios incluye a Manuel Antonio Becerra en Palmira, atacado mientras se desplazaba en bicicleta, y a Miguel Ángel Muñoz, de 27 años, quien fue emboscado por motociclistas cerca de la cárcel Modelo de Bogotá. También fueron blanco de sicarios el médico Julián Campo Giraldo y funcionarios en Montería y Barranquilla.
Los atentados han incluido explosivos, emboscadas y amenazas directas, como las atribuidas a M.A.G.O. (“Muerte a guardianes opresores”) a través de panfletos y videos.
Los incidentes más graves se concentraron en la región Caribe y el Valle del Cauca, donde se presentaron ataques simultáneos y emboscadas mortales.
El asesinato del coronel Elmer Fernández Velásquez, director de la Cárcel Modelo de Bogotá, marcó un episodio significativo, junto con intimidaciones a Nancy del Socorro Pérez, su sucesora temporal.
La crisis se agrava por el alto número de amenazas directas recibidas: solo en el último año se han documentado 266 casos. Los sindicatos y la dirección del Inpec concuerdan en que el fenómeno ha alcanzado niveles sin precedentes desde 2023.
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