Más de 200.000 familias colombianas atrapadas por el ‘gota a gota’: esta es la dura realidad de quienes padecen por préstamos

La proliferación de los préstamos informales conocidos como ‘gota a gota’ mantiene a más de 200.000 familias en Colombia bajo una presión financiera y social insostenible, práctica ilegal que se agrava en territorios donde la banca formal no tiene presencia.

De acuerdo con un artículo del medio económico Portafolio, este flagelo afecta principalmente a trabajadores informales, pequeños comerciantes, madres cabeza de hogar y habitantes rurales, sectores tradicionalmente excluidos del crédito formal.

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La directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria de la Cobranza, Gloria Urueña, explicó en diálogo con el medio que el ‘gota a gota’ somete a los usuarios a tasas de interés del 386%, muy superiores al máximo legal del 25% vigente en el sistema financiero formal.

“No hay hogar que pueda cubrir esas acreencias y es por eso que tantos colombianos se quiebran. Actualmente microempresarios y tenderos pagan tasas del 500 y 600% anual por un ‘gota a gota’. Estas mafias no respetan ni sus propias reglas. Cobran intereses adelantados, modifican las condiciones del préstamo sin previo aviso y utilizan métodos de cobro intimidantes que afectan no solo al deudor, sino a su entorno”, advirtió Urueña.

Las cifras evidencian una brecha significativa: aunque 96% de los adultos colombianos accede a servicios bancarios y el 80% usa algún producto financiero, solo el 35% mantiene créditos formales.

“Solo 13 millones de adultos tienen acceso a crédito formal, mientras que los 27 millones restantes recurren al sector solidario o entidades no vigiladas”, puntualizó Felipe Noval, Superintendente Adjunto para Intermediarios Financieros de la Superintendencia Financiera de Colombia, que también habló con el medio empresarial y financiero.

El desafío radica en extender el crédito formal a áreas rurales y dispersas, donde la exclusión financiera alimenta la dependencia de prestamistas informales y la vulneración de derechos.

Desde el punto de vista legal, el artículo 305 del Código Penal Colombiano tipifica como delito de usura el cobro de intereses por encima de los límites autorizados por la Superintendencia Financiera, que establece penas de hasta cinco años de cárcel y severas multas económicas. Toda entidad que preste dinero superando el interés legal y sin vigilancia estatal incurre en una actividad ilícita.

Los que caen en redes de préstamos ‘gota a gota’ enfrentan múltiples riesgos. Según Juan Carlos Zabala, presidente de Colcob, los afectados pueden experimentar sobreendeudamiento extremo, pérdida del patrimonio familiar, acoso, amenazas y hasta agresiones, además de sufrir presión social y un deterioro de su salud mental, e incluso incurrir en conductas ilícitas para responder a las exigencias del prestamista.

Zabala resaltó la urgencia de un abordaje integral: “para revertir esta situación estructural, se requiere una respuesta coordinada entre el Estado, el sector financiero, la sociedad civil y los medios de comunicación”, declaró a Portafolio.

Expertos y autoridades proponen medidas como fortalecer la educación financiera desde la escuela, expandir el microcrédito formal mediante cooperativas y fintechs reguladas, reforzar los canales de denuncia y protección para víctimas, sancionar decididamente a los responsables y visibilizar el problema a través de campañas de información, buscando así cortar el círculo vicioso de la informalidad crediticia.

Hay ‘gota a gota’ colombianos hasta en Chile: en septiembre capturaron más de una decena

La policía chilena desarticuló una banda de 15 prestamistas colombianos dedicada al sistema de crédito informal, en cinco regiones de Chile, tras una investigación que se inició por el asesinato de un cliente que se negó a pagar los intereses exigidos.

Los detenidos serán formalizados por asociación criminal, usura y extorsión, luego de que se comprobara que amenazaron de muerte y estafaron a cientos de personas.

Durante los operativos realizados en las regiones Metropolitana, de Valparaíso, O’Higgins, Bío Bío y Los Lagos, las autoridades incautaron 13 vehículos, 5 motocicletas, teléfonos celulares y $25 millones (USD 26.000) en efectivo. La Fiscalía informó que parte de los fondos obtenidos por la organización fue enviado a Colombia.