El anuncio del presidente de la Repúbllica, Gustavo Petro, sobre el envío de una misión internacional de derechos humanos a Medellín generó una reacción inmediata y contundente por parte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que calificó la medida como una “intromisión indebida” y contraria al marco constitucional colombiano.
La controversia se desató tras los episodios de violencia ocurridos en la capital antioqueña durante una violenta movilización en apoyo a Palestina, contexto en el que el mandatario nacional hizo pública su decisión.
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En un comunicado oficial, Asocapitales manifestó su preocupación por la iniciativa presidencial, señalando que la revisión internacional de un procedimiento institucional en Medellín resulta “improcedente, irregular y contraria al orden constitucional colombiano”. La organización subrayó que “no es procedente que el presidente de la República someta a escrutinio internacional las actuaciones de una autoridad local que actúa dentro del marco de sus funciones legales”, según el documento difundido.
El pronunciamiento de Asocapitales enfatizó que la propuesta de Gustavo Petro desconoce la autonomía territorial establecida en los artículos 1, 287 y 315 de la Constitución Política, así como los principios de descentralización y separación de poderes que rigen el Estado colombiano. Además, la asociación recordó que, desde la perspectiva del derecho internacional público, una veeduría o misión internacional de este tipo constituiría una “intromisión indebida en los asuntos internos del Estado”, prohibida expresamente por el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA y el Pacto de Bogotá de 1948.
Estos instrumentos internacionales, según el comunicado, solo permiten intervenciones externas en casos excepcionales de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, condiciones que, a juicio de la organización, no se presentan en este caso.
En su declaración, Asocapitales citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( Cidh) para recordar que “los Estados no solo tienen el derecho, sino también el deber de mantener el orden público, proteger la vida y los bienes de las personas y garantizar el ejercicio pacífico de los derechos, mediante el uso racional, proporcional y legal de la fuerza cuando sea necesario”.
La asociación advirtió que “pretender internacionalizar un procedimiento policivo ordinario, desnaturaliza estos principios y distorsiona el alcance del sistema interamericano de derechos humanos”. Además, reiteró que, en caso de presentarse una actuación irregular o una extralimitación en algún procedimiento, “esta constituye un hecho individual atribuible al servidor público o ciudadano que la haya ejecutado”.
Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, expresó que “esta decisión no solo erosiona la institucionalidad democrática, sino que también debilita la legitimidad de las autoridades locales elegidas por voto popular”.
El origen de la polémica
La postura de la asociación se produjo tras el mensaje publicado por Gustavo Petro, quien afirmó: “La misión internacional y la veeduría de derechos humanos irá a Medellín y verificaremos los hechos. Su lenguaje grosero con la Presidencia no me importa. En Medellín se aplica la ley y la Constitución”.
El mandatario colombiano agregó: “No mandamos a hacer marchas a menos que sean para dialogar con la Presidencia. El derecho a reunión se respeta, y si hay una parapolicía, rompiendo violentamente ese derecho, se investigará penalmente”.
La respuesta del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se hizo esperar. Dirigiéndose al presidente, declaró: “Petro, te tengo una noticia. Medellín no caerá en tus garras. Medellín seguirá resistiendo. Cada vez serán más ciudades las que se levanten ya cansadas de tus mentiras e insultos. Sacaremos a Colombia adelante desde las regiones”.
En su intervención, Gutiérrez añadió: “Nos podés seguir mandando todos los días violentos a las calles, y nosotros seguiremos poniendo orden. Vos ofrecés desorden, yo ofrezco orden”. El alcalde remarcó la diferencia entre ambos, señalando: “Yo jamás he hecho parte de un grupo criminal como sí lo hiciste vos. Y desde allí violaban los derechos humanos. Yo jamás he violado ni violaré los derechos humanos de nadie, en su lugar, ¡los garantizo!”.
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