Los actos de violencia en contra de miembros del Instituto Colombiano y Carcelario (Inpec) ocurridos en los primeros días de octubre de 2025 sacaron a la luz las condiciones laborales en la que los guardianes de los centros carcelarios desempeñan sus labores, lo que tambien ha llamado la atención de los entes de control.
La Procuraduría General de la Nación le hizo un llamado al Gobierno nacional para que extreme las medidas de protección de los uniformados y, adicionalmente, mejore las condiciones laborales de los custodios de miles de internos, muchos por delitos graves, que albergan las cárceles del país.
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El procurador Gregorio Eljach, cabeza del Ministerio Público, aseguró al término de una reunión con el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director del Inpec, y representantes de los sindicatos penitenciarios que fueron estos organismos los que pidieron la intervención de la Procuraduría ante la ola de violencia que azota a los miembros de la institución carcelaria.
“El primero y más urgente, el sistemático asesinato de integrantes de esta institución de custodia. Segundo, las condiciones laborales generales de todos ellos, que son precarias y que no corresponden al mandato legal”, explicó el jefe de la entidad que debe velar por el correcto desempeño de los funcionarios estatales.
Sobre el encuentro, Eljach precisó que se adelantaran sesiones de trabajo con delegados del Gobierno nacional para, según describió, abordar de manera integral la problemática que afecta las funciones y, al mismo tiempo, pone en juego la vida de los miles de integrantes del Inpec.
En el mismo sentido, el procurador fue enfático en que parte del mejoramiento de las condiciones laborales de los uniformados radica en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional sobre la situación de los centros penitenciarios del territorio nacional.
“En consecuencia, hemos decidido crear una mesa de trabajo de urgencia en sesión permanente para convocar allí a las instituciones del ejecutivo, especialmente el Ministerio de Justicia, Hacienda y todas las entidades centrales, para abordar de manera integral la problemática que hoy expusieron en busca de proponer una solución, especialmente el cumplimiento de una serie de sentencias de la Corte Constitucional que han declarado el estado de cosas inconstitucional y no se vienen cumpliendo”, indicó Eljach.
Algunas de las sentencias del alto tribunal establecen un plan de acción para abordar el hacinamiento y las violaciones masivas de derechos de los reclusos, lo que cobija, además, las condiciones en las que los guardianes desempeñan sus labores.
La serie de atentados perpetrados en inmediaciones a los centros carcelarios del país han cobrado la vida de dos uniformados de la institución carcelaria y dejado, al menos, tres más heridos, lo que evidencia la sistematicidad y el alcance de la ofensiva contra el personal penitenciario.
Ante la oleada de violencia, las autoridades iniciaron las primeras inevstiaciones que arrojaron que Andrés Felipe Marín, conocido como alias Pipe Tuluá; Juan Camilo Goez Ruiz, alias Dimax; y Andrés Felipe Flórez Sotel, alias Chinga Pipe, son los principales sospechosos detrás de estos ataques.
De acuerdo con la información oficial, estos individuos, vinculados al crimen organizado en el Valle del Cauca y catalogados como delincuentes de alto perfil, habrían iniciado una campaña de amenazas contra guardianes y funcionarios del Inpec desde el año 2020.
No obstante, se han reforzado los dispositivos de seguridad en torno a los centros penitenciarios y durante los relevos de turno del personal, con patrullas policiales destinadas a prevenir nuevos ataques. El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, reiteró la existencia de una recompensa de hasta $50 millones para quienes aporten información que conduzca a la captura de los responsables de los atentados.
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