El déficit financiero y la concentración de riesgo dominan el escenario actual del sistema de salud colombiano, exponiendo a más de 26 millones de ciudadanos a posibles interrupciones en la atención médica. Así lo advirtió el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
“Las EPS pagan sus deudas o las liquidamos, y entonces sí entramos nosotros a pagarle a los hospitales. Pero no a las EPS”, según lo consignó en declaraciones públicas.
Esta postura llega mientras el Estado mantiene una intervención directa sobre siete Entidades Promotoras de Salud (EPS): Coosalud, Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS EPS y Emssanar, entidades que juntas agrupan a cerca de la mitad de los afiliados del país.
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Pese a la administración estatal, la preocupación persiste, ya que según cifras expuestas por el ministro, el Gobierno realiza los giros correspondientes, pero las EPS no transfieren estos recursos a hospitales y clínicas.
“Siempre el Gobierno cumple. Ya se pagó esta semana. El viernes termina el pago de todo el régimen subsidiado de octubre”, puntualizó Jaramillo, quien describió incluso los esfuerzos extraordinarios que realizan los hospitales para cobrar lo adeudado, como el caso del gerente de un hospital en Cocuy que viajó hasta Barranquilla buscando el pago pendiente de Cajacopi.
“Un gerente de Cocuy me contó que tuvo que ir hasta Barranquilla a ver si le pagaban. ¿Qué hace Cajacopi aquí? ¿Y tener que ir corriendo por allá a ver si le pagan?”, relató el funcionario.
El informe ‘Análisis financiero de las EPS en Colombia: primer semestre de 2019 a 2025’, presentado por la organización Así Vamos en Salud, expone el trasfondo de esta crisis. Los datos revelan que el modelo de aseguramiento es insostenible y el déficit acumulado apunta al colapso.
El patrimonio negativo del sector alcanzó en 2025 los -11,4 billones de pesos (aproximadamente USD 2.900 millones), cifra veinte veces mayor que la registrada en 2022.
Los activos conjuntos descendieron de $23,2 billones en 2020 a $18,1 billones en 2025, mientras que los pasivos escalaron hasta $29,6 billones, lo que configura una relación pasivo/activo del 164% y determina un escenario de insolvencia técnica. El 98% de los pasivos corresponde a cuentas por pagar y provisiones, lo que agrava la presión inmediata sobre las finanzas.
El documento también detalla la creciente concentración del riesgo: de 23 EPS activas, únicamente siete manejan el 80,1% de los activos y el 74% de los pasivos. Esta situación deja en riesgo a más de la mitad de la población afiliada y resalta la vulnerabilidad sistémica.
“Los ingresos por UPC no alcanzan para cubrir los egresos, conformados por costos de salud y gastos de administración”, señala el informe.
Las EPS argumentan que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —el monto que el Estado otorga por cada afiliado— es insuficiente, ya que en 2025 sus ingresos sumaron aproximadamente $36 billones, frente a gastos que ascendieron a $38,5 billones y un déficit operativo de –$2,4 billones.
Esta postura fue confirmada por la Corte Constitucional, que ordenó actualizar la UPC al observar que el cálculo oficial no reflejaba el gasto médico real.
El Gobierno, en cambio, sostiene que la tarifa es suficiente y atribuye el déficit a ineficiencias internas, aunque los datos muestran que ni siquiera la intervención estatal en varias EPS ha revertido el deterioro financiero: el patrimonio negativo en las EPS intervenidas se sitúa en –$11 billones, con un déficit operacional de –$1,7 billones.
Los efectos de esta crisis recaen directamente sobre hospitales, clínicas y pacientes. Cada vez resulta más difícil para los centros de salud cobrar lo que se les debe, lo que impacta la continuidad y calidad de la atención.
La concentración del riesgo en pocas EPS y la reducción del número de entidades activas, de 40 en 2019 a 23 en 2025, no han traído alivio alguno. La situación se vuelve aún más opaca por la falta de información financiera de la Nueva EPS, que concentra el 24% de la afiliación nacional y dejó de presentar cifras desde 2024.
Al respecto, el informe advierte: “Su ausencia impide dimensionar la magnitud real del problema y eleva la incertidumbre para prestadores, usuarios y pacientes”.
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