El magistrado José Fernando Ibáñez radicó la ponencia de fallo que servirá de base para el debate en la Sala Plena de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Este proyecto, considerado una de las banderas del Gobierno de Gustavo Petro, enfrenta un examen de constitucionalidad clave que definirá su futuro jurídico y político.
El alto tribunal llevará a cabo la sesión de discusión el martes 14 de octubre, en la que los magistrados analizarán los posibles vicios de trámite denunciados por la oposición durante el proceso legislativo. Este debate ha generado un amplio interés público, no solo por el impacto de la reforma en el sistema pensional colombiano, sino también por las recusaciones e impedimentos presentados en las últimas semanas dentro del alto tribunal.
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El estudio de constitucionalidad de la reforma se originó en agosto de 2024, cuando la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia interpuso una demanda solicitando la nulidad de la ley por presuntos vicios de trámite en su aprobación. La Corte admitió la demanda y, desde entonces, ha requerido múltiples documentos y pruebas al Congreso de la República para analizar el proceso legislativo.
En junio de 2025, la Corte Constitucional decidió devolver la reforma a la Cámara de Representantes tras identificar un vicio en su aprobación. A raíz de ello, el Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias con el propósito de subsanar los errores señalados; sin embargo, la controversia se amplió cuando surgieron denuncias de irregularidades en las actas de dichas sesiones, lo que obligó al despacho del magistrado Ibáñez a solicitar repetidamente esa documentación a la Cámara.
El magistrado emitió incluso un ultimátum para la entrega de los documentos, mientras la Cámara pidió prórrogas argumentando dificultades administrativas. Paralelamente, con la llegada de nuevos integrantes al alto tribunal, el magistrado Carlos Camargo presentó un impedimento para participar en el debate, aduciendo un posible conflicto de interés.
La Sala Plena resolvió esta solicitud el 1 de octubre, declarando infundado el impedimento, por lo que Camargo podrá intervenir en la decisión sobre la reforma.
Recusaciones pendientes y nuevas solicitudes
Actualmente, la Corte Constitucional aún debe resolver dos recusaciones contra el magistrado Héctor Carvajal, que fue ternado por el presidente Gustavo Petro y se desempeñó como su abogado personal. La primera recusación fue presentada por el concejal Daniel Briceño, quien argumentó que Carvajal había firmado contratos con Colpensiones, lo que, a su juicio, representaría un impedimento para participar en el estudio del caso.
La segunda recusación, radicada por la senadora Paloma Valencia, plantea argumentos similares y busca apartar a Carvajal del proceso por los mismos motivos. Según la congresista, los contratos de prestación de servicios suscritos entre Carvajal y Colpensiones en 2024 y 2025 incluyen informes de supervisión en los que se certifica que el hoy magistrado elaboró los conceptos jurídicos cuestionados.
Estas solicitudes se suman a las tensiones entre el Gobierno y la Corte Constitucional por el estudio de la reforma, un proceso que ha implicado varios cruces entre el magistrado Ibañez y el presidente Petro.
Posibles escenarios jurídicos
El control constitucional que ejerce la Corte Constitucional sobre las leyes aprobadas por el Congreso busca garantizar su conformidad con la Constitución Política. En este caso, el examen no se centrará en la conveniencia del modelo pensional propuesto, sino en el cumplimiento de los requisitos formales y procedimentales durante el trámite legislativo.
De acuerdo con la jurisprudencia del alto tribunal, existen tres escenarios posibles frente a la decisión que tomará la Corte:
- Declaración de constitucionalidad. Si se determina que el trámite legislativo se ajustó a los parámetros constitucionales, la reforma será declarada exequible y podrá implementarse según el cronograma establecido en la ley, bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo y demás entidades competentes.
- Inexequibilidad total. En caso de comprobarse un vicio grave e insubsanable, la Corte podría declarar inconstitucional la totalidad de la norma. Esto implicaría que la ley perdería efectos jurídicos, manteniendo el actual sistema pensional vigente.
- Inexequibilidad parcial o diferida. Si los magistrados encuentran errores subsanables o que afectan únicamente ciertos artículos, podrían declarar inexequibles solo esas disposiciones o conceder un plazo al Congreso para corregirlas. Esta figura busca preservar la seguridad jurídica y la continuidad de las políticas públicas.
La sesión del martes 14 de octubre definirá si la reforma pensional avanza hacia su ejecución o si deberá reiniciar su trámite legislativo. La Corte Constitucional tendrá en sus manos una decisión con implicaciones directas sobre el futuro del sistema pensional colombiano y sobre la capacidad del Gobierno de materializar una de sus principales promesas legislativas.
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