Torturaron y asesinaron a escolta de la UNP: lo encontraron con manos atadas y un tiro de gracia

Hay conmoción en el departamento del Atlántico después de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo de Víctor Alfredo Guerrero Moreno cerca al municipio de Ponedera.

El funcionario, de 40 años y miembro activo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue encontrado sin vida en el corregimiento de Santa Rita, jurisdicción del municipio de Ponedera, en circunstancias que apuntan a una ejecución selectiva.

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El descubrimiento se produjo alrededor de las 4:40 p. m. del martes 7 de octubre, cuando habitantes de la zona que transitaban en motocicleta encontraron el cuerpo tendido en el suelo en plena vía pública.

Según las primeras pesquisas de las autoridades, Guerrero vestía jean azul, camiseta negra y tenis oscuros. Además, los investigadores encontraron que el cuerpo presentaba graves lesiones, además de las manos atadas y un evidente tiro de gracia.

Entre las versiones que ya están en manos de las autoridades, algunos testigos relataron que el escolta habría sido obligado a descender de un vehículo y asesinado en el lugar, una vía poco concurrida conocida como la trocha del Uvero, que suele ser casi exclusivo para los campesinos agrícolas del municipio.

Entretanto, se conoció que el Departamento de Policía Atlántico asumió la investigación y desplegó un equipo interdisciplinario y especializado en criminalística para recolectar el material probatorio, además de indagar con los vecinos del sector.

“Se están verificando las posibles trayectorias de escape. No descartamos ninguna hipótesis”, señaló una fuente policía en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Hasta el momento, los motivos del homicidio permanecen sin esclarecer, aunque fuentes cercanas a la investigación consideran que podría estar vinculado a la labor de Guerrero como escolta en el Caribe, donde cumplía misiones de protección a personas asignadas por la institución.

Este hecho ocurre en medio de una ola de violencia orientada contra funcionarios y personal de seguridad pública, particularmente miembros del Inpec y la propia UNP, lo que ha obligado a reforzar los esquemas de seguridad.

Nacido en Aracataca (Magdalena), la muerte de Guerrero generó reacciones de solidaridad en redes sociales hacia su familia, mientras los habitantes de Ponedera y su localidad natal expresan consternación por el caso.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Barranquilla para los respectivos análisis forenses, y tanto Policía como Fiscalía proyectan entregar un comunicado oficial con los primeros avances de la investigación a lo largo del miércoles.

Se conoce, a su vez, que en las últimas semanas han ocurrido otros ataques similares: solo en el mes reciente, destacaron las agresiones contra dos escoltas de la UNP y tres guardianes del Inpec, lo que evidenciaría el riesgo creciente para quienes hacen parte de los sistemas estatales de protección en Colombia.

Según fuentes internas consultadas por el diaro nacional, Víctor Guerrero “no se encontraba en turno de servicio al momento de su muerte”.

Entretanto, la Unidad Nacional de Protección no ha realizado un pronunciamiento oficial respecto al crimen.

Asesinaron a dragoneante en Cali

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) enfrenta una serie de ataques recientes contra sus funcionarios, que las autoridades atribuyen a una estrategia de grupos criminales para influir en el trato de reclusos peligrosos en Colombia.

El 7 de octubre, el dragoneante Jimmy Flores Salazar, funcionario del Inpec en Cali, fue asesinado en un atentado cuando se dirigía a su trabajo en la cárcel de media seguridad de Villahermosa.

Las autoridades ofrecen hasta $50 millones de recompensa por información que permita capturar a los responsables, incluyendo la identificación de los autores intelectuales. Además, se han realizado operativos en Bogotá, Cali y Armenia, donde la policía decomisó grandes cantidades de efectivo, drogas y teléfonos celulares, elementos utilizados para extorsiones desde el interior de las cárceles.

El Ministerio de Defensa rechazó los ataques y, en coordinación con el ministro Pedro Sánchez, ordenó reforzar la seguridad de los uniformados a nivel nacional, instruyendo al director de la Policía Nacional a trabajar junto a la Fiscalía General de la Nación.