“Toca activar el ‘fracking’”: ante polémica por la transición energética, piden priorizar el gas frente a las políticas de Petro

La transición energética en Colombia se convirtió en un tema central del debate político y legislativo. Por eso, el representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, advirtió sobre los riesgos de una política que, en su opinión, prioriza la ideología sobre la seguridad energética y la soberanía nacional.

En diálogo con Infobae Colombia, Espinal afirmó: “La transición energética tiene que ir de la mano de la seguridad energética. Nunca la transición energética puede poner en riesgo nuestra soberanía energética”. La declaración resume la preocupación del congresista por el rumbo que tomó el Gobierno de Gustavo Petro en materia energética y la urgencia de reformas que garanticen un equilibrio entre el avance hacia energías limpias y la estabilidad del sistema.

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Sostiene que el gas natural debe ocupar un lugar central en la matriz energética nacional, tanto por el papel estratégico que es para los 52 millones de colombianos, así como herramienta clave para cumplir los compromisos internacionales de reducción de emisiones.

“Por eso radicamos un proyecto de ley para declarar el gas natural como el energético estratégico de la transición energética”, explicó el congresista.

Según él, 37 millones de personas en el país consumen gas, además de 200.000 vehículos, la industria y el comercio. Sin embargo, advirtió que las reservas probadas de gas cyaeron a solo 5,8 años debido a la decisión del Gobierno Petro de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos.

Qué deberá hacer el próximo gobierno

Ante el panorama, Espinal considera que “el próximo gobierno tendrá que llegar a activar la herramienta del fracking para aumentar las reservas probadas hasta por veinticinco años”.

Espinal describe la política energética actual como un quiebre respecto a la continuidad de gobiernos anteriores. De acuerdo con el representante, la transición energética en Colombia había sido una política de Estado desde los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque, que impulsaron el desarrollo de energías renovables, establecieron marcos legales y promovieron la diversificación de la matriz.

“La transición energética es una apuesta de país que empezó incluso desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando construye el primer parque eólico en La Guajira”, recordó. Destacó que Santos creó el marco legal de energías renovables y Duque dio el “gran salto” con la Ley de Transición Energética y la hoja de ruta del hidrógeno. Sin embargo, considera que el Gobierno de Petro rompió esa continuidad al detener la firma de nuevos contratos de hidrocarburos y centrar su discurso en las energías renovables, sin avances significativos en proyectos eólicos y solares.

“Lamentablemente, el presidente Gustavo Petro tiene una idea diferente a la nuestra de cómo es avanzar en la transición energética”, expresó.

Cuestionamientos a la gestión de Irene Vélez

El representante cuestionó la gestión de la exministra de Minas y Energía Irene Vélez, al señalar que sus decisiones generaron inestabilidad jurídica y llevaron a la suspensión de proyectos de empresas como Celsia y Enel. En la actualidad, solo Ecopetrol lidera un proyecto solar en La Guajira, pero, según Espinal, el avance es mínimo. Además, identificó las consultas previas como un obstáculo que mantiene paralizados cerca de 20.000 proyectos mineroenergéticos en el país.

“Sumado al tema de las consultas previas, que se han convertido en el obstáculo de desarrollo económico, especialmente para los proyectos mineroenergéticos en nuestro país”, afirmó.

Licenciamiento flexible

Ante la situación, el congresista impulsa varias iniciativas legislativas para responder a estos desafíos. Además del proyecto para declarar el gas natural como energético estratégico, propuso un proyecto de licenciamiento flexible para energías renovables, que busca reducir el tiempo de respuesta para la obtención de licencias de 90 a 60 días y crear una ventanilla única para facilitar los trámites empresariales. Detalló que es necesario el licenciamiento flexible para proyectos eólicos y solares, y así disminuir el tiempo de respuesta a la licencia de noventa a sesenta días.

Junto a la representante Carolina Arbeláez, del Cambio Radical, también radicó un proyecto para elevar la seguridad energética a rango constitucional como derecho colectivo, lo que, en su opinión, daría mayor estabilidad y tranquilidad a la política energética nacional.

Otra de sus apuestas es la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, una iniciativa que cuenta con el respaldo de todas las bancadas del Congreso de la República. Espinal explicó que la agencia permitiría implementar la energía nuclear en el sector agropecuario, mejorar la producción de fármacos y tratamientos para pacientes con cáncer, y aprovechar la generación de energía a partir de fuentes nucleares.

“No podemos perder la oportunidad de generar energía desprendida de la energía nuclear. Canadá lleva más de 50 años produciendo energía a partir de la energía nuclear. El setenta por ciento de la energía de Francia es a partir de la energía nuclear y el 10% de la energía a nivel mundial proviene de este tipo de herramientas”, argumentó.

Ojo a la situación de la costa Caribe

La situación de la Costa Caribe ocupa un lugar destacado en la agenda de Espinal. El representante criticó el incumplimiento de la promesa presidencial de reducir las tarifas de energía en la región.

“La promesa es una promesa fallida. Petro prometió disminuir las tarifas de energía en la costa Caribe y no lo ha cumplido”, sentenció. Espinal propuso un pacto entre el Gobierno nacional, el Congreso, las empresas y los líderes sociales para abordar los problemas de cobertura, tarifas y cultura de pago.

Señaló que la liquidación de Electricaribe y la creación de las empresas Air-e y Afinia no solvieron los problemas estructurales. Air-e, intervenida por el Gobierno, enfrenta serias dificultades, mientras que Afinia invirtió más de $3 billones y mejoró la cobertura hasta en un 60%. Sin embargo, el Gobierno mantiene una deuda superior a $4 billones con EPM y sus filiales, lo que, según Espinal, asfixia financieramente a la empresa y repercute en la prestación del servicio.

La solución tarifaria

Asimismo, el representante advirtió que la solución tarifaria solo será posible si todos los actores llegan a acuerdos y se fomenta una mayor conciencia sobre el consumo y el pago del servicio. “Quizás tengamos que tomar decisiones complejas, pero yo creo que en la costa Caribe hay que hacer un pacto por la prestación del servicio de energía para que llegue a todos los usuarios, a toda la ciudadanía, pero también tiene que haber una conciencia. Vuelvo y repito: cultura”, insistió.

Para el representante a la Cámara, la transición energética no puede depender de la visión de un gobierno de turno, sino que debe consolidarse como una política de Estado que trascienda los ciclos políticos y garantice la soberanía y la seguridad energética del país.