Importantes golpes contra la extorsión fueron destacados recientemente por la Policía en Nariño, con dos operativos que resultaron en la captura de personas implicadas en la exigencia de dinero bajo amenazas a comerciantes y particulares.
Las acciones, según informó el Coronel John Jairo Urrea, comandante de la Policía en Nariño, permitieron frenar prácticas intimidatorias que afectaban a la población de las ciudades de Ipiales y Pasto.
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En el caso de Ipiales, una mujer fue sorprendida mientras exigía 20 millones de pesos a varios comerciantes a cambio de no causar perjuicios a sus negocios ni poner en riesgo su integridad física.
El coronel Urrea detalló que “en una acción operativa desarrollada en el casco urbano, fue capturada en flagrancia una mujer que exigía a sus víctimas la suma de 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra un establecimiento comercial y contra la integridad de sus propietarios.
Como método de intimidación, esta persona enviaba videos y fotografías de las viviendas de las víctimas, buscando generar temor y obligarlas a pagar las exigencias económicas”.
Tras su captura, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades judiciales para responder por delito de extorsión y ahora la policía investiga su posible vínculo con otros eventos similares dirigidos a comerciantes de la zona fronteriza. Además, las autoridades hicieron un llamado a quienes hayan sido víctimas de estos hechos para que presenten sus denuncias y se esclarezcan más casos.
El segundo operativo tuvo lugar en Pasto, donde cinco personas, dedicadas al cobro informal de dinero bajo la modalidad de “gota a gota”, presuntamente exigieron a una víctima $15.000.000, usando como pretexto una supuesta deuda con un tercero.
Según la información oficial, estos individuos amenazaron con atentar contra la vida de la víctima, la de su grupo familiar o incluso secuestrar a uno de sus allegados hasta recibir el dinero exigido.
Las investigaciones revelaron que los detenidos tienen antecedentes judiciales por delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y estafa, consolidando la gravedad del caso y la necesidad de reforzar las acciones preventivas para proteger a la ciudadanía de las extorsiones vinculadas al cobro informal de préstamos.
Extorsión, una de las grandes problemáticas en el país
La extorsión en Colombia continúa siendo uno de los delitos que más afectan la seguridad ciudadana —y la tranquilidad del tejido social—, al operar con modalidades tradicionales y nuevas estrategias digitales que aprovechan la conectividad, la tecnología y la impunidad existente. Un informe de la Defensoría del Pueblo destaca que entre 2020 y 2023 las denuncias por extorsión aumentaron un 20.5%, pasando de 8.188 casos en 2020 a 9.871 en 2023.
Los departamentos con mayor participación en las estadísticas son Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Norte de Santander.
Esa tendencia creciente refleja no solo un fenómeno cuantitativo, sino también cualitativo: los extorsionistas han diversificado sus métodos, apuntando a sectores antes menos visibilizados (comerciantes, emprendedores, prestadores de servicios) y empleando herramientas como llamadas telefónicas desde cárceles, redes sociales y plataformas digitales.
Un caso ilustrativo del despliegue de nuevas tácticas es el del Oriente antioqueño. En 2025, esa subregión ha registrado 141 denuncias por extorsión en apenas cinco meses, muchas de ellas bajo la modalidad de “falso servicio”.
En esos escenarios, los delincuentes se hacen pasar por clientes de transporte, remolque o mudanzas, acuerdan un punto de encuentro con la víctima y, una vez trasladados al lugar elegido —frecuentemente zonas rurales con baja cobertura—, los intimidan o los obligan a pagos bajo amenaza.
Las autoridades ilustran cómo los extorsionistas obtienen datos públicos (redes sociales, bases de comercio) para fabricar “historias creíbles” que presionen a los ciudadanos y generen temor.
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