La Defensoría del Pueblo dio a conocer su más reciente Mapa de Riesgo Electoral, un informe que identifica los municipios de Colombia donde existen mayores amenazas para el normal desarrollo de las elecciones locales.
Según el reporte, 62 municipios han sido clasificados como zonas que necesitan atención inmediata debido a la incidencia de grupos armados ilegales, deficiencias en la capacidad institucional y la vulnerabilidad de las organizaciones sociales.
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El estudio fue elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo y evaluó la situación de 2.122 municipios a través de la labor de cien analistas distribuidos en 42 defensorías regionales.
La finalidad es medir el nivel de acción estatal requerido para reducir los riesgos que puedan comprometer la transparencia y seguridad del proceso electoral.
El SAT estableció cinco categorías de municipios según el nivel de intervención que demanda cada caso. En primer lugar, el grupo de acción inmediata agrupa a los 62 municipios donde la intervención estatal se considera indispensable para prevenir alteraciones graves al orden público.
Le siguen 162 municipios bajo acción anticipada, considerados de riesgo alto; 425 en categoría de acción prioritaria, con riesgo sostenido; 216 clasificados dentro de acción preventiva, donde el riesgo es intermedio; y 257 que requieren acción ordinaria, considerados en bajo riesgo, aunque bajo vigilancia continua.
Entrevista de la defensora del Pueblo en 6AM de Caracol Radio
La defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que el propósito del informe es “identificar los puntos críticos donde la democracia necesita una respuesta institucional rápida y coordinada”.
Según en una entrevista a Caracol Radio el 7 de octubre de 2025, Marín insistió en que la vigilancia debe extenderse a todo el país: “No podemos descuidar ningún territorio; la democracia se defiende todos los días, y cada municipio requiere atención proporcional al riesgo que enfrenta”.
El documento señala que los territorios que enfrentan las amenazas más urgentes coinciden con regiones donde la presencia de grupos armados ilegales y redes criminales vinculadas a economías ilícitas afectan de manera directa la seguridad y el ejercicio político.
De acuerdo con lo reportado al medio citado, departamentos como Cauca, Nariño, Norte de Santander, Chocó, Antioquia y Arauca registran patrones sostenidos de intimidación y amenazas, lo que pone en riesgo tanto la participación ciudadana como la integridad de los candidatos.
“Estos riesgos no solo están asociados a la violencia armada, sino también a la cooptación política y al uso indebido de recursos públicos, fenómenos que distorsionan la voluntad popular”, explicó Marín durante la presentación del informe.
La Defensoría del Pueblo también reiteró su llamado al Gobierno nacional, a la Registraduría Nacional, la Fuerza Pública y la Procuraduría General para fortalecer la Comisión Nacional de Garantías Electorales, que constituye un espacio fundamental para articular acciones efectivas ante las alertas identificadas.
Ante declaraciones recientes del ministro del Interior, quien manifestó dudas sobre la solidez metodológica del estudio, Marín fue clara en asegurar que: “Esta no es una posición personal, sino el resultado de una metodología sólida y comprobada que el SAT ha desarrollado durante más de una década. Son datos objetivos construidos por analistas en todo el país”.
Además, invitó al ministro a revisar de forma conjunta los detalles metodológicos en la próxima sesión de la Comisión de Reacción Rápida, instando a un trabajo coordinado para enfrentar los riesgos.
El reporte advierte que la problemática no se circunscribe únicamente a zonas rurales. Algunas ciudades intermedias también figuran en el mapa de alerta, al detectarse disputas por el control territorial o la influencia de grupos ilegales en las prácticas políticas y electorales.
“El llamado es a actuar antes de que sea demasiado tarde. Si no se toman medidas inmediatas, podríamos enfrentar obstáculos graves para unas elecciones transparentes y seguras”, puntualizó la defensora.
El Mapa de Riesgo Electoral 2025 se presenta mientras Colombia se prepara para una de las elecciones locales más amplias de los últimos tiempos.
Por último, la Defensoría enfatiza la relevancia de que autoridades nacionales y locales consideren estas alertas, con el objetivo de garantizar el ejercicio de la democracia sin presiones, amenazas o coacciones que comprometan la voluntad popular.
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