El panorama laboral en Colombia para 2026 se encuentra en el centro del debate nacional, tras la publicación del dato de inflación clave para la negociación del próximo ajuste salarial.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) anunció que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó un 5,18 % anual en septiembre de 2025, estableciéndose como la principal referencia en el proceso de definición del nuevo salario mínimo. La expectativa sobre el impacto social y económico del alza involucra a millones de trabajadores y empresas en todo el país.
Según la metodología empleada en Colombia, el aumento del salario mínimo legal se calcula sumando el dato de inflación observado y un porcentaje adicional correspondiente a la productividad, que tradicionalmente oscila entre dos y tres puntos porcentuales.
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Considerando el salario mínimo vigente en 2025, que asciende a $1.423.500 sin auxilio de transporte, y el monto de $1.623.500 cuando se incluye este último, los cálculos proyectan diversos escenarios de ajuste para el periodo 2026.
Si el aumento del salario mínimo se hace solo sobre la base del dato de inflación reportado por el Dane (5,18%), el incremento sería de $73.734. Así, el salario mínimo mensual para 2026 alcanzaría $1.497.234. La proyección representa el escenario tradicional en el que el aumento solo compensa la pérdida de poder adquisitivo frente a la variación de los precios.
Proyección: inflación, más puntos de productividad
Al sumar al cálculo de inflación un ajuste adicional de dos puntos porcentuales atribuidos a la productividad, como plantean algunos sectores sindicales y analistas económicos, el total del incremento sería del 7,18%. En ese escenario, el aumento mensual sería de $102.388, lo que llevaría el salario mínimo a $1.525.888 en 2026.
Un tercer escenario incluye el dato de inflación y suma tres puntos porcentuales adicionales por productividad, con un total de 8,18% de aumento. Bajo esta perspectiva, el salario mínimo aumentaría en $116.421, ubicándose en $1.539.921 para 2026.
Cómo están las apuestas
El proceso de concertación reúne al Gobierno, centrales sindicales y gremios empresariales en la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales. La discusión incluye no solo los datos técnicos, sino además opiniones de actores sociales y económicos relevantes.
Al respecto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, resaltó que “el enfoque del Gobierno es proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, garantizando que el incremento esté en sintonía con el comportamiento de la inflación y la productividad”. El funcionario remarcó la importancia de mantener el diálogo tripartito para evitar impactos adversos sobre el empleo formal y la estabilidad empresarial.
En representación de los gremios, el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, advirtió que “un alza salarial demasiado alta podría incrementar la informalidad laboral y empujar a muchas empresas a frenar contrataciones o reducir personal”.
Cabal también recomendó que el ajuste no desborde el rango sugerido por la inflación y el crecimiento de la productividad.
Sostenibilidad del sector productivo
La Asociación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) abordó el tema desde la perspectiva de sostenibilidad del sector productivo. Voceros de Acopi manifestaron a Portafolio que “las micro, pequeñas y medianas empresas necesitan que el incremento salarial sea compatible con su capacidad real para evitar cierres y pérdida de empleos formales”, insistiendo en que un aumento mayor al 8% podría desbordar los gastos fijos de ese segmento. Apuestan por un aumento del 6,5%.
Aumento por encima de la inflación
Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno buscará que el aumento se dé por encima de la inflación. Anotó que “la productividad nacional no ha tenido crecimientos significativos en los últimos años”, lo que limitaría el espacio de negociación para ajustes superiores a lo recomendado técnicamente.
Ávila considera que “el escenario más equilibrado debería centrarse en el rango del 7% para evitar efectos negativos prolongados en el mercado laboral”.
Las advertencias sobre la relación entre salario, precios y empleo también llegan desde el sector financiero. De acuerdo con el informe trimestral del Banco de Bogotá, “la reactivación del ingreso real de los trabajadores favorecería la demanda interna, pero un ajuste desproporcionado podría trasladarse a la inflación y encarecer otros rubros indexados al salario mínimo, como cuotas escolares, multas y créditos oficiales”.
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