Hay riesgo electoral en más de 100 municipios de Colombia, advirtió el ministro de Defensa

Las autoridades colombianas identificaron más de 100 municipios en riesgo electoral para los próximos comicios. El ministro de Defensa, mayor general (r) Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, reveló que el 9% de los municipios del país requiere especial atención, priorizando zonas donde la violencia de grupos armados y el control territorial complican la convocatoria a urnas.

Según declaraciones públicas, “las conclusiones que tenemos es que en el 9% de los municipios, es decir, en 104 municipios, necesitamos priorizar la atención. Y en esas zonas la estamos priorizando”.

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La preocupación oficial se centra en áreas del suroccidente colombiano, con especial énfasis en municipios del Valle del Cauca, Cauca, el nordeste de Antioquia, el sur de Bolívar y la región del Catatumbo.

Sánchez explicó que es allí donde “converge la violencia generada por los grupos criminales”. De acuerdo con información del propio Ministerio de Defensa, estas zonas enfrentan una combinación de presencia de grupos armados, cultivos ilícitos y antecedentes de inseguridad durante jornadas electorales.

La jornada electoral en Colombia requiere nuevos esfuerzos para asegurar la participación ciudadana y el funcionamiento de la democracia, señaló el ministro Sánchez al hacer un llamado a la cooperación institucional y al seguimiento de posibles amenazas.

“Algunos se preocuparán de las elecciones y, claro, nosotros nos ocupamos de brindar la seguridad”. El funcionario destacó que, pese a las dificultades, en Putumayo recientemente se celebraron elecciones atípicas para gobernador en todo el departamento “con total garantía y tranquilidad”, lo que, en su opinión, refleja una diferencia entre percepción y realidad sobre el riesgo.

El Gobierno planteó la necesidad de “motivar enormemente para que la percepción se mejore si viene de parte tanto de los candidatos o precandidatos como de los electores”.

Sánchez subrayó que las campañas en redes sociales y la propagación de un lenguaje de odio pueden aumentar la volatilidad en el ambiente previo a los comicios. Como ejemplo citó el caso de La Gamarra, en Cesar, donde la información errónea derivó en el incendio de la Registraduría y en víctimas mortales.

Catatumbo, Chocó, Cauca y Nariño entre las regiones con mayor atención

Tras un encuentro con la cúpula militar y el ministro del Interior Armando Benedetti, el Ejecutivo presentó un mapeo actualizado de riesgos electorales.

Benedetti manifestó que — según datos oficiales — “nuestra preocupación está, principalmente, en las zonas donde hay problemas de orden público, es decir, donde hay producción y cultivo de coca. Son 104 municipios en todo el país”.

Este criterio prioriza territorios como Catatumbo (Norte de Santander), López de Micay y El Plateado (Cauca), Nariño, Chocó y el sur del Valle del Cauca.

El jefe de la cartera política aclaró que, en su evaluación, los informes de riesgo electoral elaborados por la Defensoría del Pueblo se relacionan fundamentalmente con denuncias ciudadanas y no necesariamente con datos verificados sobre la presencia real de grupos armados en esas zonas.

“Eso ya había pasado con el tema de las hojas de coca; a veces uno no sabe si es por maldad o por falta de conocimiento del país”, explicó Benedetti, y advirtió sobre una posible imprecisión en las cifras reportadas.

Llamado a la denuncia y plan integral de protección

El ministro Sánchez instó a los ciudadanos y actores políticos a denunciar cualquier acto que amenace la integridad del proceso. “La invitación aquí va claramente a que nos unamos en este ejercicio democrático, que es para elegir lo que queremos nosotros como colombianos durante los siguientes cuatro años. Y la invitación va a que estén permanentemente denunciando cualquier acto que atente contra el proceso electoral”.

El Gobierno nacional prepara un plan integral de protección electoral con énfasis en las regiones más afectadas por el narcotráfico y el conflicto armado.

Las medidas incluirán mecanismos conjuntos entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y otras entidades públicas. El objetivo central consiste en garantizar la seguridad de los votantes y evitar la interferencia del crimen organizado en el resultado de los comicios.

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