
En horas de la tarde del 4 de octubre de 2025, en Armenia, Quindío, un miembro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue atacado por sicarios que atentaron contra el vehículo en el que se desplazaba.
Los hechos ocurrieron justo después de que el dragoneante, cuyo nombre no ha sido revelado, saliera del centro penitenciario donde cumplía sus labores. Mientras manejaba la camioneta recibió cuatro disparos. Según información preliminar de las autoridades, no hubo heridos y el unifomado salió ileso.
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Luego del incidente, El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Quindío, reveló que el ataque fue ejecutado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta Pulsar negra y que vestían chaquetas grises y prendas oscuras.
“Afortunadamente, el funcionario resultó ileso, aunque su vehículo personal fue impactado en varias oportunidades. Desde el momento del hecho estamos en coordinación con la Fiscalía, revisando cámaras de seguridad para identificar a los responsables”, explicó el oficial.
Con este acto delictivo ya son tres ataques a guardianes del Inpec en menos de 48 horas, puesto que el 3 de octubre se registraron dos eventos similares en Bogotá y en Palmira, Valle del Cauca, que dejó un saldo de dos muertos y cuatro heridos.
Frente a esto, el Gobierno nacional decidió suspender las visitas a reclusos hasta el 5 de octubre en los centros penitenciarios en Valle del Cauca y Bogotá.
“Se suspende la visita de familiares y amigos de las personas privadas de la libertad los días 4 y 5 de octubre de 2025 en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) ubicados en Valle del Cauca y Bogotá, además de otras medidas de “máxima seguridad”.
Esta disposición afecta tanto a familiares como a amigos de las personas privadas de la libertad, así como el personal administrativo y a los equipos encargados de la custodia de los presos. El objetivo central es proteger la vida y la seguridad de funcionarios y reclusos en un contexto de alto riesgo, tras los ataques sistemáticos contra funcionarios penitenciarios.
La decisión del Inpec por atentados a funcionarios

La dirección del Inpec notificó a los comandantes regionales sobre la aplicación inmediata de estas restricciones, instruyendo a los directores de cada establecimiento a coordinar con los grupos de reacción inmediata y los departamentos de seguridad. Además, se ordenó garantizar la publicación del anuncio para internos y visitantes, y comunicar de inmediato a las autoridades de policía y organismos de control, con el fin de mantener la coordinación interinstitucional frente a la coyuntura de seguridad.
Durante una rueda de prensa, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas confirmó la decisión de cancelar las visitas en el Valle del Cauca y en Bogotá, aunque reconoció el impacto negativo que esta medida puede tener en las familias de los internos.
“Pensamos en cancelar visitas en el Valle del Cauca, en Bogotá, pero también entendemos el impacto tan negativo que puede generar en las familias de las personas privadas de la libertad”, afirmó Gutiérrez Rojas ante los medios.
El oficial subrayó la necesidad de solidaridad y compromiso por parte de las familias, señalando que los atentados violentos provienen de las mismas cárceles y de los propios privados de la libertad.
“Es importante aquí el llamado frente a la solidaridad y frente al compromiso, porque estos atentados terroristas y violentos vienen de las mismas cárceles, vienen de los mismos privados de la libertad. Entonces, necesitamos también que las familias nos ayuden a generar esa presión, esa contención social, porque las visitas se cancelan no por represión, sino por seguridad de los familiares, teniendo en cuenta lo que pasó ayer en la Modelo, que si llega algún delincuente a atentar contra un funcionario, pues también puede haber un daño colateral para las familias”, declaró Gutiérrez Rojas en la misma comparecencia.
El Inpec enfatizó que la suspensión de visitas forma parte de un protocolo preventivo para salvaguardar la integridad en los centros de reclusión y reiteró la urgencia de cumplir con la medida. “El propósito primordial es prevenir nuevos incidentes o acciones violentas dentro del sistema penitenciario”, según el comunicado oficial.
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