En medio de la movilización por la Dignidad y la Democracia celebrada en Ibagué, el presidente Gustavo Petro volvió a dirigir fuertes críticas contra la empresa de salud Keralty Sanitas EPS, a pesar de la reciente orden emitida por el Consejo de Estado que le exigía abstenerse de realizar declaraciones que pudieran afectar la reputación de la compañía y de sus colaboradores.
El 29 de septiembre, el Consejo de Estado dictó un fallo en el que determinó que las afirmaciones previas del mandatario carecían de fundamento y vulneraban los derechos tanto de la empresa como de su presidente, Joseba Grajales.
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En esas declaraciones, Petro había calificado a Grajales de “criminal”, lo que motivó la intervención judicial. El tribunal advirtió que el presidente debía evitar repetir expresiones que pudieran considerarse agresiones hacia la organización o su personal.
Pese a esta advertencia, durante su discurso en Ibagué llevado a cabo el viernes 3 de octubre, Gustavo Petro insistió en sus señalamientos.
El mandatario cuestionó la gestión de los recursos públicos destinados al sector salud y, en referencia directa a Keralty, expresó: “¿Cómo se le ocurre que 60 millones de millones de pesos del pueblo colombiano que necesita para su paz, para construir justicia social, se los vaya a entregar al señor dueño de Keralty”.
Esta cifra, resaltada por el presidente, pone en el centro del debate la administración de los fondos públicos y la transparencia en el sistema de salud.
En el mismo evento, Petro extendió sus críticas a los propietarios de Nueva EPS, acusándolos de haber malversado los recursos del sector: “Se parrandearon el dinero de la salud en Colombia”, manifestó, y exhortó a los asistentes: “No se arrodillen”.
La controversia se remonta a una alocución presidencial del 15 de julio de 2025, en la que Gustavo Petro afirmó que “el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjero”.
Estas declaraciones motivaron la acción de tutela que culminó con el fallo del Consejo de Estado a favor de Keralty Sanitas EPS.
Tras conocerse la sentencia, la empresa de salud difundió un comunicado en el que destacó la labor de su equipo: “Reivindica también el esfuerzo, la integridad y el compromiso de nuestros colaboradores, quienes han seguido trabajando con convicción a pesar del ambiente adverso que hemos enfrentado como organización”.
El pronunciamiento judicial del Consejo de Estado subraya la obligación del presidente de respetar los derechos fundamentales de las personas y entidades involucradas, mientras que la persistencia de Gustavo Petro en sus críticas mantiene la tensión entre el Ejecutivo y el sector privado de la salud en Colombia.
Petro vulneró derechos de empresario al pedir su expulsión, según Consejo de Estado
El presidente Gustavo Petro calificó públicamente al empresario José Andrés Grajales, propietario de Keralty, como “criminal” y sostuvo que “debe irse” de Colombia, en una alocución oficial.
Estas declaraciones incluyeron acusaciones de financiación irregular de campañas políticas y de crímenes de lesa humanidad, pese a que no existían pruebas judiciales que las respaldaran.
La Sala del Consejo de Estado concluyó que la expresión del mandatario, al afirmar que Grajales “debe irse”, representó una orden de expulsión sin respaldo legal, lo que vulneró el derecho fundamental a la libertad de circulación del empresario.
El fallo precisó que la afirmación presidencial “excede el principio de legalidad y afecta el derecho a la libertad de circulación… y la afirmación presidencial fue una ‘orden de expulsión sin fórmula de juicio’ que no se sustentó en una resolución administrativa”.
Durante la intervención, Petro utilizó el término “crimen” para referirse a hechos no comprobados: “Y se robaron la plata que nosotros mismos dimos. Crimen, crimen porque mata colombianos y niños en masa en Colombia, es un crimen de lesa humanidad. Que está pasando que no investigan penalmente, les da miedo porque son ricos o porque ponen el billete debajo no solo del político”. El alto tribunal consideró que estas expresiones constituyeron insultos públicos y acusaciones infundadas, generando un daño reputacional directo.
En otro momento de la alocución, el presidente insistió: “Está prohibido que en una empresa como Keralty le pague a los políticos, el político que reciba ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia, y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros”.
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