Familiares piden a Petro intervenir por colombianos detenidos en Venezuela: “Llevan un año aislados e incomunicados”

La situación de decenas de colombianos detenidos en Venezuela ha encendido las alarmas entre sus familiares, quienes denuncian que permanecen aislados y sin información sobre su paradero o los cargos que se les imputan.

Entre ellos está Manuel Tique, un trabajador humanitario que fue arrestado el 14 de septiembre de 2024 y, según su familia, se encuentra retenido ilegalmente desde hace más de un año.

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“Mi hermano ya lleva un año retenido ilegalmente siendo una persona inocente con delitos que no entendemos”, denunció su hermana, Diana Tique, en entrevista con W Radio. La mujer asegura que desde que Manuel cruzó la frontera hacia el estado Apure, no ha vuelto a tener contacto con él, salvo por una breve llamada telefónica en mayo pasado.

El caso de Manuel Tique comenzó cuando fue enviado por el Consejo Danés para Refugiados, organización con presencia en más de veinte países, para realizar capacitaciones con sus homólogos en Venezuela. Partió desde Bogotá rumbo a Arauca y, tras cruzar el puente internacional hacia Guasdualito, desapareció de toda comunicación.

“Me dijo que había retrasos en el vuelo y luego en el Puente Internacional. Ahí pierdo total comunicación con él y fue hasta las 19:00 que me llaman del Consejo Danés y me dicen que lo dejaron retenido”, relató Diana.

Poco después, autoridades venezolanas —según versiones difundidas por Diosdado Cabello y otros voceros oficiales— acusaron a Tique de ser un “reclutador de paramilitares” y colaborador de grupos mercenarios. Desde entonces, su familia asegura que se encuentra totalmente aislado, sin derecho a defensa privada ni visitas consulares.

La única comunicación que ha tenido con el exterior fue una llamada de cinco minutos el 15 de mayo de 2025, en la que apenas alcanzó a preguntar por su familia. “Nos dijo que estaba bien, pero que no tenía contacto con nadie”, recordó su hermana.

Falta de respuestas del Gobierno venezolano

De acuerdo con Diana Tique, la Cancillería de Colombia ha enviado varias notas diplomáticas solicitando información sobre la situación legal de su hermano. Sin embargo, no ha recibido respuesta alguna por parte del gobierno de Nicolás Maduro.“Después de un año, la respuesta o el contacto con el Gobierno venezolano es completamente nulo”, lamentó.

La familia Tique no es la única afectada. Diana asegura que hay al menos 38 colombianos detenidos en condiciones similares, sin acceso a defensa ni información. “Hay personas jóvenes, otras mayores, mototaxistas, comerciantes, gente que solo estaba de paso. Todos están aislados completamente, detenidos ilegalmente en Venezuela”, afirmó.

Ante la falta de respuestas, unas veinte familias se han organizado para realizar plantones frente a la Cancillería y el Palacio de Justicia en Bogotá, con el fin de exigir que sus casos sean visibilizados.

“Le pido a Petro que se apersone de esto”

El clamor de las familias se dirige directamente al presidente Gustavo Petro, al que le piden una gestión diplomática de alto nivel para lograr la liberación de los detenidos.

“Ya es momento de que el presidente Gustavo Petro se apersone de esta situación y que haga las negociaciones directamente con el presidente de Venezuela o con su gobierno, para que ellos sean libres y estén en su casa nuevamente después de un año de aislamiento”, manifestó Diana Tique.

La mujer describió esta situación como una tragedia emocional, psicológica y económica para las familias. “Estamos viviendo una angustia permanente. No sabemos si están bien, si comen, si están enfermos. Es desesperante”, expresó.

Mientras el caso de Manuel Tique y los demás colombianos detenidos en Venezuela continúa sin respuesta, sus familias mantienen la esperanza de que una acción diplomática contundente logre romper el silencio.

Las denuncias de aislamiento y violaciones a los derechos humanos se acumulan, mientras las gestiones oficiales parecen estancadas entre la burocracia y la falta de voluntad política.

Diana Tique insiste en que la solidaridad y la presión pública son esenciales para evitar que estos casos caigan en el olvido. “Solo queremos que vuelvan a casa, que se haga justicia y que no haya más familias viviendo este dolor”, concluyó.