La senadora Paloma Valencia, figura prominente del partido Centro Democrático, rechazó públicamente las acusaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro sobre su presunta complicidad en los crímenes conocidos como falsos positivos.
Valencia aseguró que siempre ha exigido cárcel para quienes cometan delitos, sin distinción de filiación política o uniforme.
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La controversia se desató tras declaraciones recientes de Petro en las que incluyó a dirigentes de oposición dentro de quienes, a su juicio, no condenaron las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el conflicto armado.
De acuerdo con lo expresado por la senadora, “el presidente Petro viene, como lo ha venido haciendo mucho tiempo, estigmatizándome. Acusándome de ser cómplice de los falsos positivos”.
En sus mensajes, Valencia recalcó que no solo ha exigido cárcel para integrantes de grupos armados ilegales, sino también para agentes estatales implicados en asesinatos de civiles.
En su pronunciamiento en X, Valencia insistió en que su postura ha sido clara a lo largo de su trayectoria.
“He pedido cárcel para los mafiosos. He pedido cárcel para los paramilitares. He pedido cárcel para los guerrilleros. He pedido cárcel para toda la delincuencia, incluyendo aquellos que con el uniforme se atrevieron a matar civiles sabiendo que eran civiles”, sostuvo.
A través de un reto directo, Valencia solicitó a Petro asumir una postura equivalente respecto a las acciones cometidas por la guerrilla.
“Lo reto presidente Petro que haga lo mismo, que pida cárcel para los crímenes que cometieron los guerrilleros”, afirmó la congresista en su cuenta oficial de X, exhortando a que la exigencia de justicia incluya todos los crímenes sin excepción.
La discusión ocurre en medio de un debate nacional sobre la memoria del conflicto que dejó los falsos positivos ocurridos bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez donde murieron 6.402 jóvenes.
Pelea entre la senadora y Petro: Paloma Valencia tomará acciones legales en contra del jefe de Estado
El anuncio de una demanda de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, contra el presidente Gustavo Petro marcó el inicio de una nueva disputa entre la oposición y el Gobierno alrededor de la responsabilidad por los llamados falsos positivos.
Valencia acusa a Petro de atribuirle complicidad en el asesinato de 6.402 jóvenes durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Tras conocerse la acción judicial, Petro utilizó su cuenta oficial de X para responder con una serie de señalamientos dirigidos a la senadora y a los sectores políticos que acompañaron la administración entre 2002 y 2010.
En sus declaraciones públicas, el presidente sostuvo que “no es odio decir que debieron separarse los militantes del partido y miembros del gobierno responsable políticamente, del hecho probado del asesinato sistemático de 6.402 jóvenes, crimen de guerra que se produjo con dinero público, con funcionarios del gobierno y por resoluciones públicas del gobierno”.
El mandatario sostuvo que los casos de ejecuciones extrajudiciales, reconocidos como falsos positivos, implican una responsabilidad política que no puede ser ignorada por los partidos y sus integrantes.
“¿Cómo se puede llamar odio el creer que nadie se puede mantener en un proyecto político, que permite y no rechaza nunca, el crimen contra la humanidad?”, cuestionó.
La posición presidencial incluye la petición de separar de la vida política a quienes ejercieron cargos públicos durante la ocurrencia de estos hechos, señalando su atribución a una estructura gubernamental y recursos estatales.
Según cifras oficiales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 6.402 jóvenes fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia en el periodo identificado.
En diversos informes, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos revisó el impacto de estos crímenes de guerra y su relevancia en la agenda de derechos humanos en el país.
El presidente remarcó que visibilizar estos hechos no constituye odio, sino un compromiso con la verdad y la justicia, rechazando tanto el negacionismo como las acciones judiciales contra quienes denuncian violaciones a derechos fundamentales.
“¿Ahora Paloma va a decir que el que odia es el que denunció y no el que permitió el asesinato?”, planteó Petro en uno de sus mensajes, señalando la resistencia histórica de ciertos actores políticos a asumir responsabilidades y la tendencia a negar las violaciones sistemáticas denunciadas por organismos nacionales e internacionales.
El jefe de Estado concluyó que la defensa de los derechos humanos debe prevalecer sobre las amenazas judiciales y la persecución a quienes denuncian estos crímenes, apuntando directamente a sectores que, a su juicio, han favorecido la impunidad durante años.
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