Armando Benedetti, ministro del Interior, en conjunto con la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, participaron en la reunión preparatoria con 16 exparamilitares que fueron nombrados gestores de paz por el Gobierno mediante la resolución 327 del 2025.
“Nos hemos reunido con los 16 gestores de paz y ellos se han comprometido con decir la verdad; verdad que estoy seguro va a asombrar a Colombia. Sobre todo a la verdadera clase política que estuvo con ellos en el establecimiento. Con quienes además son cómplices de varias muertes que se dieron en ese momento”, dijo el ministro del Interior.
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El jefe de la cartera del Interior aseguró que se examinará qué tanto termina siendo verdad lo dicho por los exjefes paramilitares.
“Ya veremos qué de todo eso termina siendo verdad. Muchos de esos actores que hicieron parte de esa violencia, hoy todavía siguen vigentes o son recién aparecidos en la escena política y es importante que el país sepa qué clase de criminales son”, expresó Benedetti.
A su turno, la directora del Dapre indicó que esa institución, junto al Ministerio del Interior, y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, son las designadas para liderar el cierre del proceso con las antiguas autodefensas.
“La idea es que el país conozca la verdad de lo que ocurrió durante las confrontaciones en el marco del proceso de justicia y paz”, precisó Rodríguez.
La funcionaria destacó que esta reunión es preparatoria, “cuando hagamos la instalación oficial del evento habrá más actores del Estado. Entendemos la dimensión de lo que significa el este proceso”.
La resolución está vigente hasta el próximo 6 de agosto de 2026, un día antes de terminar el mandato del presidente Gustavo Petro. Las personas beneficiadas con esta resolución son: Héctor José Buitrago Rodríguez; Ramiro Vanoy Murillo; Hernán Giraldo Serna; Luis Eduardo Cifuentes Galindo; Manuel de Jesús Pirabán; Juan Francisco Prada Márquez; José Baldomero Linares Moreno.
Además, fueron beneficiados Edward Cobos Téllez, Arnubio Triana Mahecha, Salvatore Mancuso Gómez; Carlos Mario Jiménez Naranjo; Diego Fernando Murillo Bejarano; Rodrigo Tovar Pupo; Rodrigo Pérez Álzate y Fredy Rendón Herrera, Héctor Germán Buitrago Parada.
Qué dice la resolución
El Gobierno de Colombia reactivó la figura de gestores de paz para 16 exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”) y Diego Fernando Murillo Bejarano (“Don Berna”), en una medida que despertó amplia polémica nacional.
Mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro, la administración designó a estos antiguos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como intermediarios en procesos de paz, con funciones hasta agosto de 2026.
La decisión oficial plantea que estos excomandantes contribuyan con su experiencia en procesos de construcción de paz y estrategias de acercamiento con actores armados ilegales.
El Gobierno justificó la medida al señalar la necesidad de consolidar los resultados derivados de la Ley 975 de 2005, normativa central en la reincorporación de desmovilizados y en la garantía de los derechos de las víctimas.
Junto con los mencionados Mancuso, “Jorge 40” y “Don Berna”, la resolución incluyó a otros exlíderes paramilitares como Héctor José Buitrago Rodríguez, Carlos Mario Jiménez Naranjo (“Macaco”), Ramiro Vanoy Murillo, Hernán Giraldo Serna, entre otros diez antiguos comandantes.
Todos habían sido condenados previamente bajo la Ley de Justicia y Paz, la cual les permitió acceder a beneficios judiciales a cambio de confesiones, reparación y colaboración con la justicia.
La participación de estos exjefes será temporal y no alterará su situación jurídica. Deberán firmar planes de trabajo específicos y un acta que los compromete a comparecer ante la justicia si son requeridos, asistir a las reuniones del Comité Técnico creado para el cierre del proceso de diálogo con las AUC y reportar periódicamente sobre las gestiones realizadas.
La medida responde también a un entendimiento alcanzado después de que estos exparamilitares renunciaron a su papel de gestores por diferencias con el alto comisionado para la paz. El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la iniciativa argumentando su potencial para reconstruir el tejido social, promover la reparación y contribuir al esclarecimiento judicial.
La resolución aclara que el Gobierno garantizará la movilidad y seguridad de los designados, en función de sus labores y dentro de los límites establecidos. La decisión reabrió el debate público sobre el papel de exparamilitares en la vida cívica y el equilibrio entre justicia, reparación y búsqueda de paz, mientras el presidente Petro insistió en que la figura de gestor de paz no implica indulto, sino la utilización de su influencia para avanzar hacia la Paz Total.
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