Durante el Consejo de Ministros, transmitido el 29 de septiembre de 2025 a través de los canales públicos del país, el presidente Gustavo Petro dio una orden al jefe de la cartera de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, de articular las Fuerzas Militares colombianas con las del régimen del vecino país Venezuela.
Para el mandatario, unir los esfuerzos militares de ambos países es una forma de fortalecer la cooperación bilateral para hacerles frente a las estructuras de grupos armados al margen de la ley que operan en la zona de frontera entre ambos territorios por medio de rutas estratégicas para el tráfico de drogas y armas ilegales.
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“Ministro de Defensa, sin miedo, hay que articular inteligencia y acción de las Fuerzas Militares de Venezuela y las nuestras. Complicado, pero es básico para que esto se vuelva todavía mucho mejor”, dijo el jefe de Estado en la reunión con el gabinete presidencial.
La orden, aunque se podría decir que alcanzó a pasar desapercibida, generó una reacción inmediata en el sector de defensa, donde se percibe como una decisión que podría comprometer la integridad de la información estratégica de Colombia y debilitar los lazos con aliados históricos.
Las palabras del presidente podrían afectar al país por cuenta de que el régimen venezolano, en cabeza del dictador Nicolás Maduro, no es reconocido como gobierno legítimo por más de 50 países que hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que no solo pondría en juego los intereses nacionales, sino su posición en escenarios internacionales.
De acuerdo con expertos consultados por Blu Radio, la medida representa una contradicción diplomática y un riesgo estratégico. El coronel en retiro Carlos Soler, analista en temas de defensa, argumentó al medio de comunicación citado que establecer acuerdos con países cuyos gobiernos no son reconocidos, es una forma de darle legitimidad y, asimismo, avalar las prácticas de estos para alzarse con el poder.
“Uno no puede hacer acuerdos binacionales con gobiernos que no reconoce, porque lo que está haciendo es legitimarlos”, aseguró.
En este sentido, Soler señaló que Venezuela ha dado refugio durante más de una década a estructuras de las disidencias de las Farc y del ELN, y que su aparato estatal está permeado por el narcotráfico, por lo que compartir información de inteligencia implicaría revelar la ubicación de aviones, radares y dispositivos de defensa a un actor considerado no confiable.
El experto describió a la emisora mencionada que esto podría aislar a Colombia de apoyos construidos durante tres décadas con Estados Unidos, Israel y Reino Unido, lo cuales no estarían dispuestos a correr el riesgo de que su información termine en manos de Venezuela.
Para el uniformado en retiro, la cooperación con el régimen venezolano puede llevar, además, a que altos mandos colombianos enfrenten sanciones personales, como restricciones de visas estadounidenses. Tal y como sucedió con el presidente Petro y un número importante de miembros del gabinete, a los que les fue retirado el documento de ingreso a suelo americano.
Por otro lado, Manfred Grautoff, consultor y experto en seguridad nacional, aseguró al medio en cuestión que las declaraciones del presidente son “totalmente inconvenientes”, por lo que considera que es compartir información con un país que “históricamente ha sido hostil a Colombia”.
Adicionalmente, indicó que las pretensiones del mandatario violan abiertamente la Ley 1621 de 2013 o “Ley de Inteligencia”, la cual regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia, definiendo sus fines, límites, principios y mecanismos de control para que los organismos autorizados cumplan con su misión constitucional y legal, siempre respetando los derechos humanos y la Constitución.
Bajo estos argumentos, el consultor recordó al medio citado que Venezuela no solo ha albergado grupos insurgentes colombianos, sino que además se encuentra bajo sanciones y presión internacional, especialmente de Estados Unidos, y enfrenta el riesgo de una intervención militar.
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