
En un sorpresivo anuncio durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro confirmó que Colombia dejará sin efecto el tratado de libre comercio (TLC) con Israel y, al mismo tiempo, ordenó la imposición de aranceles a todos los vehículos que emitan dióxido de carbono, sin importar su país de origen.
La medida, según el mandatario, responde a su convicción ambientalista y a la necesidad de priorizar la vida por encima del comercio.
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“La maquinaria que emita CO2 en Colombia debe pagar arancel y la que no, sea de la China, de la India, de Brasil o de Estados Unidos, no paga”, dijo Petro durante la reunión con su gabinete, en la que también participó la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales.
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El presidente subrayó que la seguridad principal de un vehículo radica en su impacto ambiental.
“No va alrededor de seguridades secundarias, sino de la seguridad principal de un vehículo, que es no emitir CO2, porque está matando al mundo. No solo mata lo local, como sucede en Bogotá, sino al mundo”, afirmó.
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Sobre el TLC con Israel, vigente desde 2020, Petro fue enfático: “No somos ese comercio que arrodilla la vida a la codicia, y eso significa que reformamos el TLC; con Israel deja de haber TLC”.
El acuerdo permitía la exportación de productos colombianos como flores, café, banano, cacao, plásticos y textiles sin aranceles, así como la importación de equipos médicos, fertilizantes y tecnología agrícola en condiciones favorables para ambos países.
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El Gobierno aseguró que los aranceles a los vehículos comenzarán a regir de inmediato, aunque aún no se ha precisado el monto exacto ni el impacto económico que tendrá sobre la industria automotriz.
Petro insistió en que la procedencia de los automóviles no será un factor determinante para la aplicación de los aranceles, sino exclusivamente su impacto ambiental.
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Subiría el IVA a híbridos en Colombia: pasaría del 5 % al 19 % con la nueva reforma
Sin embargo, expertos y empresarios advierten que esta y otras medidas recientes podrían resultar contraproducentes. Ya se han registrado decisiones que afectarían indirectamente al sector automotor y a la transición hacia tecnologías más limpias.
Uno de los ejemplos más destacados es la reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso el 1 de septiembre, que plantea un aumento del IVA de los vehículos híbridos del 5 % al 19 %.
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Actualmente, los automóviles híbridos disfrutan de un IVA reducido para incentivar su adopción y actuar como puente hacia los autos eléctricos, contribuyendo así a la movilidad sostenible.
La reforma busca recaudar $26,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026 y garantizar la estabilidad fiscal hasta 2027, pero su aplicación podría encarecer significativamente los vehículos híbridos y afectar la dinámica del mercado.
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Bajo el proyecto, los autos familiares, camperos y pick-ups de menos de US$30.000 mantendrían un IVA reducido del 8 %, mientras que los híbridos y eléctricos de mayor precio pasarían a tributar al 19 %.
Esto se traduce en aumentos importantes: un híbrido valorado en US$28.000 (aproximadamente $117 millones) podría pagar más de $31 millones adicionales en impuestos, mientras que una SUV híbrida de US$45.000 (unos $189 millones) vería su carga tributaria total elevarse hasta $63 millones, casi un 38 % de su precio.
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Empresarios y analistas consideran que estos cambios podrían desincentivar la compra de híbridos, limitar el acceso de los consumidores a vehículos más sostenibles y, paradójicamente, frenar la transición hacia autos eléctricos.
“Muchos compradores de eléctricos empezaron con híbridos. Si encarecemos este paso intermedio, estaríamos ralentizando la adopción de tecnologías cero emisiones en Colombia”, explicó Juan Carlos López, gerente de Deepal y Changan.
El sector automotor ya ha reaccionado con preocupación. Pedro Nel Quijano, presidente de Aconauto, aseguró que “a medida que los impuestos suben, la economía se resiente. Ojalá no afecten directamente a los vehículos”. Ricardo Escobar, CEO de GAC Colombia, señaló que la mayoría del incremento se trasladaría directamente al consumidor, dificultando el acceso a híbridos y eléctricos.
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