
La amenaza de un paro indefinido por parte de los pequeños mineros de carbón de Boyacá quedó desactivada tras una jornada de negociación que culminó en acuerdos clave con el Gobierno Nacional. El 27 de septiembre de 2025, representantes de los mineros de las provincias de Sugamuxi y Valderrama se reunieron en Paipa con delegados del Ministerio de Minas, la Agencia Nacional Minera y la Gobernación de Boyacá.
Durante la reunión se logró avanzar en las medidas con las que el Gobierno Petro abordará la crisis que obligó a los mineros a convocar la manifestación. En este sentido, las movilizaciones que estaban previstas para iniciar el 29 de septiembre en las carreteras de Boyacá.
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El acuerdo alcanzado durante el encuentro, que se extendió por cerca de siete horas, permitió que los mineros que se sentían excluidos de los convenios previos fueran incorporados formalmente al comité. Este paso resultó fundamental para disipar la percepción de división entre quienes participaron en los bloqueos de agosto de 2025 y los miembros originales del comité.
Alberto Puentes, vocero de los mineros, explicó que existía malestar entre algunos trabajadores de Sugamuxi, quienes consideraban que no estaban representados en los acuerdos firmados el 7 de agosto. Puentes aclaró que, con excepción de dos grandes empresas, la minería de carbón en el departamento está compuesta principalmente por pequeños productores, algunos ya organizados y otros en proceso de formalización.

El acuerdo es resultado del paro minero de agosto de 2025
El conflicto tuvo su origen en los bloqueos realizados en la doble calzada de Paipa en agosto de 2025, cuando un sector de los mineros manifestó su inconformidad por sentirse excluido de los acuerdos con las autoridades. Según relató Puentes, la falta de información y la desconfianza sobre la representatividad del comité alimentaron la protesta que duró cerca de una semana y que afectó notablemente la movilidad en las carreteras del departamento.
En su momento, los mineros exigieron la presencia de delegados de la Presidencia de la República para consolidar acuerdos que permitieran levantar los bloqueos que estaban afectando el acceso a servicios básicos de varios municipios del Altiplano Cundiboyacense.
Sin embargo, la negociación entre los pequeños productores y delegados de la Casa de Nariño permitió que todos los grupos quedaran integrados, lo que, en palabras del vocero, resuelve un problema que era latente y garantiza que el comité actúe en nombre de todo el gremio carbonero de Boyacá y Cundinamarca.

La negociación incluyó la revisión de los puntos de desacuerdo, en torno a los que se establecieron compromisos para fortalecer la unidad del sector. En esta misma línea, para la Administración gubernamental, la inclusión de los mineros que habían realizado bloqueos fue uno de los avances más significativos, dado que permitió consolidar una postura común y evitar nuevas protestas o cierres de vías en la región.
Entre los compromisos asumidos, las partes acordaron mantener el diálogo abierto y trabajar conjuntamente en la formalización y representación de todos los pequeños mineros. Además, se programó una próxima reunión para el 2 de octubre de 2025, en la que una comisión de mineros de Boyacá y Cundinamarca se encontrará con el ministro de Hacienda y Crédito Público.
El objetivo de este encuentro será analizar los temas impositivos que afectan al gremio, un aspecto que los trabajadores consideran prioritario para la sostenibilidad de su actividad y, asimismo, para avanzar en la mitigación de la crisis económica que los afecta.

Bajo estas razones, Puentes subrayó que no habrá bloqueos ni cierres de vías, por lo que los mineros continuarán con su labor diaria en las minas de carbón. No obstante, el vocero insistió en que el sector atraviesa dificultades económicas, pero mantiene la esperanza de que el Gobierno cumpla los compromisos adquiridos en esta nueva mesa de negociación.
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