Un altercado familiar en Santa Marta, motivado por una herencia, desencadenó el homicidio de un joven estudiante y el intento de asesinato de un adulto mayor, según la sentencia emitida por las autoridades judiciales.
La decisión judicial involucra al arquitecto Edgardo Luis Arias Pérez, condenado a 15 años y 2 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en los hechos ocurridos el 29 de junio de 2021, cuando disparó contra su propio padre y sobrino dentro de un apartamento en la capital del Magdalena.
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La tragedia familiar tuvo como escenario el apartamento 303 del edificio Trocadero, en el barrio Jardín de Santa Marta. En el lugar se encontraban Andrés José Vargas Arias, estudiante de Derecho de 23 años, su abuelo Ulpiano Vargas Castañeda y el propio Arias Pérez, quien llegó acompañado de otras personas. Una discusión relacionada con documentos de una herencia provocó que el arquitecto extrajera un arma de fuego.
Arias Pérez disparó primero contra su padre y después contra su sobrino, dejando a ambos gravemente heridos. Ambos fueron trasladados de emergencia a centros médicos locales. Andrés José Vargas Arias falleció minutos después de su ingreso a causa de la gravedad de las heridas, mientras que el abuelo logró sobrevivir al ataque y fue dado de alta tras su recuperación.
Según la Fiscalía General de la Nación, el acusado permaneció prófugo de la justicia durante más de un año. Su paradero fue detectado por un operativo de allanamiento el 6 de julio de 2023 en un apartamento del Centro Histórico de Santa Marta. Durante la diligencia, las autoridades hallaron en posesión de Arias Pérez un documento de identidad falso con nombre y número de cédula diferentes a los originales. Esta acción agravó su situación legal.
En el proceso judicial, Arias Pérez aceptó un preacuerdo con la Fiscalía, por lo que fue condenado por el homicidio de su sobrino y el intento de homicidio contra su cuñado. El fallo incluyó la reclusión en un centro de detención preventiva, medida vigente hasta su traslado a la cárcel Rodrigo de Bastidas para el cumplimiento efectivo de la sentencia.
La sentencia de 15 años y 2 meses de prisión estipula que el arquitecto deberá purgar la condena por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Esta decisión fue apelada por la defensa de Arias Pérez, quien sostuvo que hubo un cambio en la tipificación del homicidio consumado a tentativa de homicidio durante el proceso, solicitud que está en revisión judicial.
Las autoridades determinaron el móvil del crimen como una disputa por la herencia familiar, situación que elevó el nivel de tensión hasta el punto de desencadenar el ataque armado. El joven fallecido tenía 23 años y cursaba estudios de Derecho en una universidad local. Su muerte generó consternación entre sus allegados y en el entorno académico.
El caso movilizó a los organismos de seguridad y generó seguimiento público tras conocerse los detalles del operativo en el que fue capturado el arquitecto, quien fue hallado en un entorno diferente al del lugar de los hechos, lo que prolongó el alcance del caso en la opinión pública.
La condena cuenta con el agravante de la falsificación de documentos, ya que en el momento de la captura las autoridades encontraron una identificación alterada, lo que añade un componente penal adicional y refleja la intención del señalado de evitar a la justicia.
La herencia, como trasfondo del caso, continúa siendo un elemento central en los escenarios judiciales y familiares, pues los documentos discutidos en la escena fueron el detonante de la discusión fatal. Según el proceso judicial, la violencia surgió en el contexto de trámites y desacuerdos por la distribución de bienes entre los integrantes del núcleo familiar, que incluyó al ahora procesado y a las víctimas.
Las instancias judiciales tienen pendiente resolver la apelación interpuesta por la defensa, lo que podría incidir en la tipificación definitiva de los delitos atribuidos a Arias Pérez. Hasta entonces, permanece privado de la libertad y bajo la custodia de las autoridades carcelarias del Magdalena, a la espera de ser trasladado para el cumplimiento formal de la condena dictada en su contra.
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