Excanciller Álvaro Leyva denunció a Gustavo Petro y a periodista en EE. UU. por presunta conspiración

La controversia en torno a la denuncia presentada en Estados Unidos contra Gustavo Petro quedó expuesta tras la revelación del documento de 21 páginas por parte del excanciller Álvaro Leyva.

El texto detalla una serie de acusaciones que involucran a figuras clave del entorno político y mediático colombiano, así como a periodistas internacionales.

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En el documento, revelado por varios medios del país, se afirma: “El periodista español Juan Diego Quesada, corresponsal del diario El País de Madrid, frecuentó su presencia en la República Bolivariana de Venezuela desde momentos preparatorios de las últimas elecciones presidenciales que tuvieron lugar en ese país. Sus reiteradas visitas a Venezuela y la razón de las mismas las menciona en entrevista que la periodista Carol Ann Figueroa le hiciera en su programa La Píldora (Podcast/Spotify y YouTube), el pasado 4 de julio. Se explica así que su frecuente trato con el señor Armando Benedetti se da desde tiempo atrás”.

El texto profundiza en la relación entre los protagonistas, señalando que “la relación entre ellos cuatro (Benedetti, Gustavo Petro, Sandra Lorena Arboleda y Juan Diego Quesada), viene de antaño. Para más claridad, Arboleda Suárez fue jefe de prensa de la campaña Petro Presidente”, de acuerdo con el mismo documento.

Además, se describe un vínculo personal entre el periodista español y Arboleda, lo que, según la denuncia, habría generado una cercanía particular con Armando Benedetti y el propio Gustavo Petro.

En el documento también se sostiene que: “El mencionado periodista español, como ya se anotara, corresponsal del diario El País con sede principal en Madrid, capital del Reino de España, embaraza a la señora Arboleda Zárate, convirtiéndose con ello el periodista en figura particularmente proclive al hoy Ministro del Interior de Colombia Armando Benedetti y al jefe del Estado, doctor Gustavo Petro”.

En el mismo texto se introduce una acusación directa sobre la manipulación mediática y la supuesta fabricación de un golpe de Estado.

“Juan Diego Quesada, de manera irresponsable, compromete al importante diario mencionado del cual es corresponsal, con la fabricación de un golpe de Estado supuestamente promovido por quien le presenta a usted este denuncio, señora Fiscal General, en connivencia con funcionarios públicos y asesores de congresistas republicanos de su país, los Estados Unidos de América”, se afirmó en el documento.

El texto también recoge señalamientos sobre la edición y manipulación de pruebas, al indicar: “Se concluyó que el audio no es original ni se presenta íntegro. Fue editado caprichosamente para ser difundido con sentido totalmente acomodado —entrampamiento a las víctimas—. Los ruidos fueron agregados. El referido peritaje se encuentra bajo cadena de custodia”.

En otro apartado, se menciona la supuesta búsqueda de apoyo internacional para desestabilizar al Gobierno colombiano.

“El excanciller Álvaro Leyva buscó en Estados Unidos la complicidad de Trump para tumbar a Petro”, se señala en el texto, y se añade que “el exministro de Exteriores, según audios y testimonios cercanos a la Casa Blanca a los que ha tenido acceso EL PAÍS, recababa apoyos para hacer caer al presidente de Colombia y colocar en su lugar a Francia Márquez”.

El documento también hace referencia a la participación de otros actores políticos y mediáticos, señalando: “La operación mediática fue urdida por Jorge Luis Ortega, político de Huila, en calidad de contacto de la campaña de Trump en el sur de la Florida”.

Finalmente, dentro del texto, el excanciller Álvaro Leyva también cuestiona la veracidad y el rigor de la cobertura periodística, al afirmar: “En la misma edición de El País de Madrid (domingo 29 de junio del 2025), por lo demás carente de verificación periodística, se presentan con nombre propio demás víctimas, señalando a sus representantes, sin veracidad ni eficacia probatoria, sin que las mismas hubieren sido debidamente oídas ni hayan podido ejercer su derecho de defensa ante ninguna instancia judicial, la Procuraduría, ni ningún organismo competente”.