La Corte Constitucional, a través del Auto 1282 de 2025, declaró que el cumplimiento de la orden décima sexta de la Sentencia T-760 de 2008, relacionada con el acceso a medicamentos, es bajo, tras verificar que no se han superado las barreras que impiden a los pacientes obtener los fármacos necesarios para sus tratamientos.
La decisión, adoptada por la Sala Especial de Seguimiento, evaluó la situación actual de la entrega de medicamentos y las medidas implementadas por las autoridades y entidades de salud.
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Según el alto tribunal, persisten múltiples problemas que afectan la dispensación de medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Entre estos se encuentran el desfinanciamiento del sistema, las deudas acumuladas con gestores farmacéuticos y laboratorios, el retraso en los trámites de registros sanitarios ante el Invima y la ausencia de información precisa sobre la disponibilidad de medicamentos.
Aumento de tutelas y quejas por falta de medicamentos
La Corte advirtió un incremento significativo en las acciones de tutela presentadas por los ciudadanos para reclamar la entrega de medicamentos. Entre enero de 2022 y diciembre de 2023, las tutelas aumentaron un 32,46%. Posteriormente, entre enero y diciembre de 2024, el crecimiento fue de 106,81%. Solo en el primer semestre de 2025 se alcanzó el 59,67% del total de tutelas radicadas durante todo el año anterior.
El tribunal señaló que la falta de entrega o la entrega incompleta de fármacos se ha convertido en la principal causa de estas acciones constitucionales. “De enero a julio de 2025, la entrega de medicamentos constituye la primera causa de tutelas en el país, con 47.556 casos radicados”, se lee en el auto.
En cuanto a las quejas ante las EPS, entre enero de 2023 y marzo de 2025 se registraron 622.666 reclamos relacionados con problemas en la dispensación. Las entidades con mayor número de reportes fueron Nueva EPS (236.025), Compensar (168.437), Mutual Ser (60.889), Coosalud (44.923) y Sanitas (42.911).
Deudas que afectan el suministro
Uno de los principales hallazgos de la Sala Especial fue la existencia de una cartera vencida que asciende a más de 4,18 billones de pesos con gestores farmacéuticos, situación que ha limitado la compra y entrega de medicamentos. Entre los acreedores más afectados se encuentran Audifarma S. A., con una deuda de 1,29 billones de pesos, y Droguerías y Farmacias Cruz Verde S. A. S., con 800.123 millones de pesos.
El Ministerio de Salud reportó que, a noviembre de 2024, las deudas con laboratorios ascendían a 4,4 billones de pesos, con cuentas pendientes de más de cinco años en algunos casos. Estas obligaciones financieras han generado conflictos comerciales y la suspensión de servicios por parte de algunos operadores farmacéuticos.
Aunque el Invima informó que no hay desabastecimiento general de medicamentos en el país, la Corte constató que existen 174 fármacos con dificultades de entrega, especialmente aquellos destinados a pacientes con enfermedades graves como cáncer, diabetes, epilepsias, VIH, problemas hormonales, métodos anticonceptivos y antibióticos.
El alto tribunal también alertó sobre el represamiento de trámites en el Invima, que retrasa la entrada de nuevas moléculas al mercado y la actualización de registros sanitarios. A marzo de 2025, la entidad tenía 14.373 trámites pendientes, lo que representa el 45,04 % del total recibido.
Impacto en la salud y el sistema
La Corte destacó que la falta de medicamentos tiene consecuencias graves en la salud pública. La interrupción de tratamientos ha derivado en el deterioro de enfermedades crónicas y ha obligado a algunos pacientes a comprar fármacos en el canal comercial a precios elevados, aumentando el gasto de bolsillo de los hogares.
Además, esta problemática ha generado sobrecarga en el sistema de salud, con mayor demanda en servicios de urgencias, hospitalizaciones y consultas no planificadas. También ha contribuido a la congestión del sistema judicial por el alto número de tutelas.
La Sala Especial enfatizó que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno no han sido suficientes para superar estas barreras. “Si bien se reportaron acciones por parte de las autoridades competentes, no se evidencian resultados que permitan asegurar la entrega oportuna y completa de los medicamentos a los usuarios”, concluyó el tribunal.
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