Colombia perdió terreno en el Índice de Libertad Económica y hoy aparece en el puesto 94 entre 165 países y territorios. El retroceso, de ocho lugares respecto al año pasado, refleja un deterioro en varios de los pilares que mide el Fraser Institute y que en el país son presentados por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP).
El informe de 2025 detalló que la economía colombiana mostró caídas en áreas clave, como el tamaño del gobierno, el sistema legal y los derechos de propiedad, el acceso a una moneda sana, la libertad de comercio internacional y las regulaciones. Aunque no todos los indicadores descendieron, la suma de estos tropiezos explica el mal resultado general.
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Uno de los puntos más sensibles está en el sistema legal y los derechos de propiedad. Colombia cayó hasta el puesto 96, arrastrada por los altos costos de trámites y las dificultades para transferir bienes o proteger la inversión. Esta debilidad, según el informe, frena la competitividad y limita el atractivo para nuevos proyectos empresariales.
La situación no mejora en el frente monetario. El país ocupa el lugar 114 en acceso a una moneda sana, golpeado por los efectos de la inflación y de una expansión monetaria que deterioró el poder adquisitivo de los hogares. Esta tendencia refleja cómo la inestabilidad macroeconómica se traduce en menor confianza y más incertidumbre en el día a día.
En comercio internacional, la posición también es preocupante. Colombia aparece en el puesto 103, con un retroceso explicado por tensiones políticas con Estados Unidos y la persistencia de barreras comerciales y aranceles. Estas restricciones encarecieron el intercambio de bienes y servicios y redujeron la capacidad de la economía para aprovechar los beneficios de una mayor apertura.
El área de regulaciones mantuvo el lugar 65, pero los avances fueron anulados por retrocesos en materia laboral. El informe señaló que temas como el salario mínimo y las condiciones horarias pesan más que las mejoras en otros sectores, generando un saldo que contribuye al estancamiento general.
El tamaño del gobierno, por su parte, se situó en la posición 65. El aumento del gasto público terminó pasando factura en este indicador, en línea con las advertencias de quienes señalan que el Estado crecieron más rápido que la capacidad de la economía para financiarlo de manera sostenible.
La comparación regional es igualmente desfavorable. Mientras Colombia se acomoda en la parte baja del ranking latinoamericano, países como Chile (26), Perú (51), México (70) y Brasil (87) muestran mejores resultados y mayor estabilidad en sus indicadores. Esa brecha refleja diferencias en la forma en que cada nación gestiona sus políticas económicas y el rol del Estado en la actividad productiva.
El director del ICP, Mauricio Salazar, advierte sobre la señal que envía este retroceso. “Nos aleja de las posibilidades de alcanzar niveles de prosperidad para todos, especialmente para los más pobres. Es consecuencia de políticas que priorizan el intervencionismo estatal sobre la libertad individual y la iniciativa privada”, aseguró.
El informe también recordó que la libertad económica no es un concepto abstracto. En los países con mayores niveles, el PIB per cápita alcanza un promedio de USD66.434, mientras que en los de menor puntaje apenas llega a USD10.751. Además, la pobreza extrema se ubica en 2% frente a 52%, y la esperanza de vida es de 79 años frente a 62.
La caída de este año se suma a una tendencia preocupante. En 2024, Colombia ya había descendido del puesto 62 al 84, perdiendo 22 lugares en un solo periodo y con una calificación de 59,2 sobre 100. Entonces, el retroceso fue atribuido a políticas estatistas que generaron incertidumbre en el mercado y debilitaron los fundamentos de la libertad económica.
El contraste con 2023 es evidente, ese año, a diferencia de los dos más recientes, Colombia había logrado mejorar tres casillas y su desempeño más destacado fue en la fortaleza de la moneda, donde alcanzó el puesto 97.
Hoy la fotografía es distinta. El país pasó de una calificación de 65,1 en 2022, considerada de “libertad moderada”, a 63,8 en 2025, clasificada como “mayormente no libre”. Un cambio que, más allá de las cifras, abre el debate sobre el rumbo económico que se está trazando.
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