El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó en sus redes sociales una carta que envió en julio de 2025 al Departamento de Estado de Estados Unidos, la DEA, y el FBI, para informar sobre “la situación crítica de seguridad y criminalidad transnacional” de la ciudad.
“Respetuosamente, me dirijo a ustedes con el fin de expresar una profunda preocupación institucional por los recientes hechos que, desde la política nacional del actual Gobierno colombiano, presuntamente están favoreciendo de forma directa e indirecta a estructuras criminales”, señaló Gutiérrez en el documento.
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El mandatario local se quejó del “tarimazo” avalado por el presidente Gustavo Petro en un evento realizado en Medellín el 21 de junio de 2025. Ese día, en el desarrollo del evento público denominado “Un pacto por La Paz Urbana de Medellín”, el primer mandatario subió a la tarima a nueve de los máximos cabecillas de estructuras criminales que operan en la capital y en el Valle de Aburrá.
Estos delincuentes, además de estar cumpliendo condenas por graves crímenes cometidos contra la ciudadanía, estarían controlando estructuras delictivas desde el centro penitenciario en el que se encuentran recluidos, en la cárcel de Itagüí.
“Fueron exhibidos en tarima como “voceros de paz”, pese a tener condenas en firme por crímenes atroces (como homicidio, tráfico de narcóticos, uso de menores de edad para la comisión de delitos, desaparición forzada, secuestro extorsivo, extorsión y concierto para delinquir, entre otros delitos de altísima gravedad)”, aseveró.
Entre los criminales que subieron a la tarima están Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, y Freyner Alfonso Ramírez García, alias Pesebre, que, incluso, están en una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Según el mandatario local, los cabecillas salieron de la cárcel sin contar con una autorización de un juez de la República. Además, recordó que, al parecer, senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta Cristina Zuleta López fue la responsable de solicitar la salida de los criminales del centro penitenciario.
“Dicho acto público significó una grave afectación institucional. Ello, en tanto se trató de un acto revictimizante para las personas afectadas por estos grupos criminales, quienes han visto a sus victimarios legitimados en un escenario político”, precisó Gutiérrez en el documento.
En su momento, la congresista Zuleta defendió el hecho de permitir que los cabecillas salieran de la cárcel para participar en el evento e, incluso, tomar la palabra en la tarima. Aseguró que los máximos jefes de las estructuras delincuenciales urbanas estaban negociando con el Gobierno de cara a conseguir la paz en el territorio y que, a su juicio, era justo que tuvieran un lugar en ese espacio político.
“Era un evento en plaza pública sobre la paz urbana y un evento en el que se estaba hablando de paz. El proceso de paz inició hace dos años. El evento se convocó precisamente para eso. Lo que sería inexplicable es que no se les convocara a los voceros de las estructuras debidamente reconocidos por el presidente de la república para este tipo de diálogos urbanos”, señaló a W Radio.
El alcalde también alertó sobre presuntas irregularidades en procesos adelantados por la Fiscalía General de la Nación en contra de algunos criminales. Tras una investigación, se impartieron órdenes de captura contra Juan Pablo Taborda Samora, alias Yordi, y Daniel Muñoz Olaya, hijo de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas. No obstante, la información fue divulgada, lo que impidió el arresto de Daniel Muñoz.
“Al parecer existió una filtración de la información antes del operativo, toda vez que alias “Douglas” ya estaba informado respecto de un proceso investigativo contra su hijo y que su captura sería inminente”, detalló.
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