El futuro del Presupuesto General de la Nación para 2026 se encuentra en un momento decisivo.
Con una propuesta oficial de $556,9 billones, el Gobierno enfrenta la posibilidad de que el Congreso apruebe, modifique o rechace el proyecto, lo que podría llevar a que el Ejecutivo expida el presupuesto por decreto, como ocurrió el año anterior.
Sin embargo, el Legislativo tiene hasta la medianoche de este miércoles 24 de septiembre para definir, en primer debate, un monto aprobado para el siguiente año fiscal, de lo contrario, la opción del ‘decretazo’ del Gobierno quedaría habilitada.
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Uno de los escenarios más relevantes es la expedición del presupuesto por decreto.
Esta opción se activa si el Congreso no logra aprobar el Presupuesto General de la Nación antes de la fecha límite del 24 de septiembre para el primer debate, o del 20 de octubre para la aprobación en plenaria.
En ese caso, el Gobierno tiene la facultad de emitir el presupuesto mediante un decreto con fuerza de ley, tal como lo permite la Constitución y el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
De acuerdo con expertos en derecho tributario, este mecanismo, aunque legal, representa una ruptura en el diálogo y la concertación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Además, implica que el Ejecutivo toma decisiones clave sobre el monto y la distribución del presupuesto sin el debate parlamentario necesario para evaluar si estos lineamientos responden a las necesidades reales del país.
La experiencia reciente de 2024, cuando el presupuesto se expidió por decreto ante la falta de acuerdo en las comisiones económicas, ha dejado precedentes y tensiones que aún influyen en el proceso actual.
Otra alternativa es la aprobación parcial o la modificación del presupuesto en el Congreso.
El trámite legislativo establece que, si el proyecto supera el primer debate en las comisiones económicas, debe pasar a discusión en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado, con plazo hasta la medianoche del 20 de octubre para su aprobación definitiva.
Si el presupuesto no obtiene el visto bueno en esta etapa, se adoptaría la versión aprobada en primer debate, junto con las modificaciones introducidas hasta ese momento.
Durante las sesiones recientes, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó la disposición del Gobierno a reducir el monto global en diez billones, lo que ajustaría la cifra a $546,9 billones.
Este recorte estaría vinculado a una reducción en la meta de recaudo de la reforma tributaria, que pasaría de $26,3 billones a $16,3 billones, y contemplaría revisiones en el IVA a combustibles y en los gravámenes a juegos de azar y licores.
Sin embargo, la falta de cuórum en las sesiones impidió votar las propuestas de ajuste, y la cifra original se mantuvo.
La ponencia mayoritaria, presentada para el primer debate, defiende el monto global, pero redistribuye recursos entre sectores, incrementando los presupuestos de Comercio, Deporte, TIC y el Instituto Colombiano Agropecuario, a costa de recortes en Ambiente, Defensa, Hacienda, Interior, la Rama Judicial y Salud.
Existe también la posibilidad de que el Congreso apruebe en su totalidad la propuesta del Gobierno.
En este caso, el presupuesto de $556,9 billones, que representa un crecimiento real del 3,7% respecto a 2025, se implementaría tal como fue radicado.
El proyecto depende, sin embargo, de la aprobación de una ley de financiamiento —en la práctica, una reforma tributaria— por $26,3 billones, la más alta de la historia reciente.
El Gobierno ha planteado cambios en el IVA y en el impuesto al consumo para ciertos productos y servicios, aumentos en las tarifas de renta para personas de mayores ingresos, modificaciones en el impuesto al patrimonio y ajustes en los tributos para sectores como minas y energía.
La viabilidad de esta reforma es incierta, especialmente en un año preelectoral, y enfrenta resistencia tanto en el Congreso como entre los sectores productivos.
La falta de aprobación de la reforma tributaria tendría consecuencias inmediatas sobre el presupuesto.
Si el Congreso no da luz verde a la ley de financiamiento, el Gobierno se vería obligado a realizar recortes equivalentes al monto no financiado, es decir, hasta $26,3 billones.
Esta situación ya se vivió en 2024, cuando la ley de financiamiento por $12 billones fue hundida, dejando un hueco en las cuentas de 2025.
Para 2026, el riesgo es aún mayor: la tijera podría afectar programas sociales, inversión pública y el funcionamiento de diversas entidades, comprometiendo la ejecución de políticas clave y agravando el déficit fiscal.
El contexto fiscal en el que se desarrolla este debate es especialmente complejo. El déficit proyectado para 2025 alcanza el 7,1% del PIB, uno de los niveles más altos en la historia reciente, solo superado durante la pandemia.
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