La Corte Suprema de Justicia de Colombia inadmitió, por segunda vez, la denuncia presentada por Abelardo de la Espriella contra los congresistas que votaron a favor de la reforma a la salud en 2023.
La decisión, adoptada el 18 de septiembre de 2025 en Bogotá, ratifica la postura del alto tribunal frente a los señalamientos de corrupción y presunto direccionamiento de recursos públicos hacía obras de infraestructura en el sector salud como contraprestación por el voto favorable.
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Según el documento oficial de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la denuncia de De la Espriella, quien es precandidato presidencial, señalaba que los legisladores habrían incurrido en delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio y enriquecimiento ilícito de servidor público.
El denunciante sostenía que la aprobación de la reforma estuvo acompañada por el direccionamiento de recursos públicos hacia obras de infraestructura como presunta contraprestación.
El alto tribunal resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión previa de inadmisión y determinó que no existían elementos suficientes para admitir la denuncia en los términos planteados.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia de Colombia consideró pertinente remitir copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen posibles irregularidades en la contratación de obras de infraestructura en el sector salud, especialmente aquellas relacionadas con la firma interventora Edicol.
Esta decisión se fundamentó en la evaluación de información proveniente de notas periodísticas que señalaban posibles anomalías en dichos contratos.
La denuncia original, presentada en 2023, surgió en el contexto de la polémica aprobación de la reforma a la salud, un proceso legislativo que generó debate público y puso bajo escrutinio la actuación de los congresistas involucrados.
De la Espriella, al señalar a los representantes que votaron a favor, buscaba que se esclarecieran presuntas conductas delictivas asociadas al trámite y aprobación de la reforma. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ya había inadmitido una primera versión de la denuncia antes de esta segunda resolución.
Con la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación, el alto tribunal deja en manos del ente investigador la tarea de determinar si existieron irregularidades en la contratación de obras de infraestructura en el sector salud, con especial atención a la participación de la firma Edicol.
Abelardo De La Espriella denuncia desvío de fondos en reforma a la salud
Abelardo De La Espriella denunció un supuesto esquema de corrupción en la aprobación de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, en septiembre del 2024, señalando el desvío de 1.2 billones de pesos destinados originalmente al sistema de salud para la compra de votos en el Congreso.
El abogado afirmó que estos recursos, que debían alimentar el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) y cubrir pagos a prestadores de servicios médicos, fueron redirigidos para financiar obras y contratos en municipios como Mitú, Rivera, Santander de Quilichao y San Zenón.
De La Espriella calificó estas acciones como parte de un “plan protervo” para consolidar el poder presidencial.
En su denuncia, De La Espriella detalló que, tras la salida de la ministra Carolina Corcho en agosto de 2023, el nuevo titular de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, solicitó a la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Claudia Marcela Numa, el traslado de un billón de pesos del presupuesto de aseguramiento a infraestructura y atención de población vulnerable.
Posteriormente, en septiembre de 2023, el secretario general del Ministerio de Salud, Gonzalo Parra González, pidió autorización para ejecutar 1.2 billones de pesos en la compra de buques, aparatos médicos y quirúrgicos, y otros equipos.
De La Espriella sostuvo que estos movimientos financieros sirvieron para sobornar a congresistas y asegurar la aprobación de la reforma. “La Cámara entonces bailó al compás del billete”, denunció.
Además, recordó una acusación previa sobre la entrega de 200.000 millones de pesos por parte del Ministerio de Hacienda a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para sobornar a senadores y garantizar votos a favor del Gobierno.
El abogado instó a las autoridades a investigar estos hechos y solicitó el respaldo del grupo ciudadano Defensores de la Patria para dar seguimiento a las investigaciones y asegurar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. “Es determinante para la institucionalidad y la democracia castigar a los culpables”, concluyó.
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