El exministro y actual precandidato presidencial Mauricio Lizcano deberá presentarse el jueves 25 de septiembre, a las 8:30 a. m., en el despacho del magistrado Misael Rodríguez, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Allí declarará en calidad de testigo dentro de la investigación que avanza por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desasatres (Ungrd), en el que se indaga a seis congresistas vinculados a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
En agosto, el alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar a Lizcano y a otros diez funcionarios y exfuncionarios del Gobierno nacional, luego de que el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, los mencionara en su declaración sobre la existencia de un supuesto “cónclave” realizado en la Casa de Nariño, donde se habría discutido la distribución irregular de recursos.
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Testimonio clave para la Corte Suprema
Además de Lizcano, el magistrado Rodríguez escuchará a otros exasesores y exfuncionarios del Gobierno, entre ellos Jaime Ramírez Cobo, que ya rindió declaración ante otro despacho de la Sala de Instrucción en relación con este mismo caso. Estas diligencias buscan establecer responsabilidades y esclarecer la presunta desviación de fondos destinados a la gestión del riesgo y la atención de emergencias en el país.
Lizcano ha rechazado públicamente cualquier vínculo con las irregularidades que se investigan. Tras la compulsa de copias ordenada por la Corte, aseguró que durante su tiempo como ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) no participó en reuniones donde se discutieran temas relacionados con la Ungrd.
“Nunca, en el tiempo que fui funcionario del Gobierno, participé en reunión alguna en la que se hablara de repartijas o torcidos en la Ungrd. Claro que salía y entraba a la Presidencia, porque era ministro TIC. Iba a reuniones a las que me invitaban dentro de mi trabajo, pero puedo decir con toda tranquilidad que no hice parte de nada que tenga que ver con ese turbio episodio”, expresó el ahora precandidato a la Presidencia de la República.
Sobre polémico video difundido
El exministro se refirió a un video divulgado en el que aparece ingresando y saliendo de la Casa de Nariño, hecho que algunos sectores interpretaron como una posible prueba de su participación en el caso.
Lizcano afirmó que esos registros corresponden a actividades propias de sus funciones como ministro. “La semana pasada salieron unos videos donde yo salía y entraba de una reunión en Palacio. Por supuesto, es que ese era mi deber, mi función. Entré a cientos de reuniones en Palacio cada vez que me convocaban. Sin embargo, puedo decirlo con claridad a todos los colombianos, en ninguna de las que yo asistí se habló nada de la unidad de gestión del riesgo, ni de la corrupción que allí sucedió“, explicó.
El precandidato reiteró que durante su gestión no fue mencionado por los principales implicados y que confía en que la investigación judicial determinará la verdad. “Tranquilamente, le puedo decir a todos los colombianos mirándolos a los ojos que me parece muy bien que investiguen y que averigüen qué pasó, pero yo realmente estoy tranquilo, que yo no fui parte de esas repartijas”, afirmó.
Otros nombres bajo investigación
El proceso judicial que adelanta la Corte Suprema involucra a varios miembros y exintegrantes del gabinete del presidente Gustavo Petro. Entre los funcionarios señalados se encuentran el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González, la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, el actual ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el exministro de Hacienda Diego Andrés Guevara, el exdirector de asuntos legislativos del Ministerio del Interior Kevin Fernando Henao y la exsecretaria del Ministerio de Hacienda Alba Nury Martínez.
Las autoridades buscan determinar el grado de participación de estas personas en la presunta desviación de recursos de la Ungrd. El avance de estas diligencias será clave para definir las posibles responsabilidades penales y administrativas.
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