
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas anunció un incremento significativo en el número de cartas de indemnización administrativa entregadas en lo corrido de 2025.
De acuerdo con cifras divulgadas por la entidad y citadas por Blu Radio, durante los últimos tres meses se otorgaron 25.970 cartas en 12 departamentos del país, lo que representa un 87 % del total entregado este año.
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El balance oficial indicó que entre enero y septiembre la entidad distribuyó 29.810 cartas de indemnización, con una inversión acumulada superior a los $293 mil millones.
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Estas jornadas, según la Unidad, han priorizado municipios intermedios y zonas rurales donde residen personas registradas como víctimas del conflicto armado.
La entidad resaltó que, desde el inicio del actual Gobierno Nacional, se han entregado alrededor de 600 mil cartas de indemnización administrativa, lo que equivale a un desembolso de más de $4,6 billones.
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El proceso contempla la verificación de documentos y el acompañamiento institucional para garantizar la atención a los beneficiarios.
En los departamentos de Santander y Bolívar se llevaron a cabo recientes jornadas de entrega. En Puerto Wilches, por ejemplo, la Unidad asignó 278 cartas con recursos que superan los $3.950 millones.
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Sobre esta actividad, la entidad señaló a Blu Radio: “Esta jornada benefició a sobrevivientes de Puerto Wilches, Morales, San Pablo, Santa Rosa y Simití, reafirmando nuestro compromiso con la reparación integral”.
El director de la Unidad de Víctimas, Adith Romero, explicó que las indemnizaciones se complementan con otros apoyos dirigidos a proyectos productivos de las comunidades.
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“Además, apoyamos a las víctimas emprendedoras, en sus iniciativas agroindustriales, de alimentos y de tejidos, que reflejan el talento, la resiliencia y la capacidad de transformar sus comunidades. Por primera vez la entidad llegó al corregimiento El Centro, donde tenemos toda la estrategia institucional con el acompañamiento de la Alcaldía, Ejército y el Banco Agrario. Las personas pueden averiguar como va el proceso de indemnización si esta en la ruta priorizada o en la general. También, estamos actualizando los datos”, afirmó el funcionario en diálogo con Blu Radio.
Entre los testimonios recogidos por la emisora, se encuentra el de Cecilia Rodríguez, habitante de San Pablo, Bolívar, quien recibió recientemente la carta de indemnización. La mujer expresó: “Es un alivio al alma”. Y agregó: “Desde hace casi dos décadas estábamos esperando que el proceso por lo que ocurrió en la finca de nuestro padres se diera y por fin la actual administración de la Unidad de Víctimas revisó nuestro caso y ya estamos en la ruta de la reparación”.
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La Unidad también reportó avances en la atención de connacionales residentes en Venezuela. En lo que va del año, se reanudaron jornadas presenciales en ciudades como Maracaibo, Caracas y San Cristóbal, donde se acompañó el trámite de indemnización de 246 personas reconocidas como víctimas del conflicto.
El director Romero señaló que este esfuerzo “marcó un avance en la atención transnacional” al garantizar que quienes se encuentran en el vecino país no queden excluidos del proceso.
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De forma paralela, la institución ha gestionado la transferencia de bienes incautados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a asociaciones de víctimas en diferentes regiones. Según el balance, estas entregas han tenido lugar en nueve departamentos, en un proceso que busca fortalecer las capacidades comunitarias y aportar a la reparación colectiva.
El informe detalla que, durante 2025, la mayor parte de las indemnizaciones administrativas se concentraron en el tercer trimestre del año, cuando se otorgaron 25.970 cartas de un total de 29.810. La inversión correspondiente a estas entregas fue superior a los $293 mil millones, recursos que fueron distribuidos en distintos territorios con acompañamiento institucional.
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Las cifras muestran que, además de los giros económicos, la Unidad de Víctimas ha buscado impulsar procesos de fortalecimiento comunitario y apoyo productivo en las zonas donde se realizan las entregas. Según lo indicado por Romero, estas acciones se articulan con alcaldías, gobernaciones, Fuerzas Militares y entidades financieras como el Banco Agrario, con el propósito de ofrecer un acompañamiento integral.
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