La Procuraduría General de la Nación vinculó formalmente a Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, integrantes de la junta directiva de Ecopetrol, en el proceso disciplinario relacionado con la adjudicación y supervisión de un contrato con la firma extranjera Covington & Burling LLC.
El convenio, cuyo valor final superó los cinco millones de dólares, fue concebido para evaluar la reputación empresarial de Ricardo Roa durante su gestión al frente de la petrolera estatal, así como los posibles efectos de investigaciones en curso contra el directivo.
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Documentos de la compañía consignaron la recomendación para crear una comisión especial, integrada por Torres Macías, García Realpe y Luis Alberto Zuleta, para “supervisar las actividades del estudio que adelantará el asesor externo y participar en las discusiones estratégicas sobre la ejecución de este”, según figura en actas revisadas por la entidad disciplinaria.
La Procuraduría notificó que “escúchese en versión espontánea a los investigados si es su deseo hacerlo, y asistido por un defensor si así lo requieren”.
Dentro del expediente también se incluyó la declaración de Alberto José Vergara Monterrosa, que precisó ante la autoridad que siguió instrucciones verbales de la junta para la gestión contractual.
El acuerdo inicial, fechado a finales de 2024, fue suscrito por 875.000 dólares. Después fue objeto de una modificación contractual (otrosí) que permitió ampliar tanto el alcance del estudio como el presupuesto, elevando la cifra total por encima de los cinco millones de dólares para abarcar análisis sobre la imagen de la empresa en Estados Unidos y su exposición mediática, en particular por procesos relacionados con la figura de Roa.
En medio del proceso surgieron inquietudes sobre el manejo de información confidencial y la posible inspección de correos y documentos internos de altos funcionarios.
Tanto la forma en que se aprobó el otrosí como el flujo de información dentro de la junta directiva han sido citados como aspectos a esclarecer. Algunos directivos declararon no haber sido informados a tiempo del incremento en el monto y de los nuevos objetivos definidos para el contrato.
La Procuraduría dispuso que Torres Macías y García Realpe presentaran versión libre y les garantizó asesoría legal a lo largo del procedimiento.
Ambos ya habían entregado declaraciones como parte de las primeras diligencias, pero su papel dentro del caso se tornó más relevante tras el análisis de pruebas y testimonios, incluido el material entregado por Vergara.
Paralelamente, el proceso fue remitido a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe posibles responsabilidades penales. El expediente también fue acumulado con otros procesos en los que se investigan actuaciones similares dentro de la petrolera estatal.
El Tiempo reveló que el contrato, además de contemplar el análisis de reputación, incluyó aspectos relacionados con adquisiciones inmobiliarias y compras estratégicas de la empresa durante la administración de Roa.
Dichos elementos, sumados a cuestionamientos sobre la campaña presidencial del periodo 2022-2026 y la relación de allegados a la dirección de la empresa estatal, ampliaron el alcance de la investigación.
A pesar de la suspensión del contrato en febrero de 2025, la autoridad disciplinaria continúa con la recolección de pruebas y testimonios para establecer el desarrollo, la justificación y el impacto de la contratación sobre la gestión empresarial y la transparencia en la administración de recursos públicos.
Ambos dirigentes de la junta habían comparecido previamente durante la fase inicial del proceso, aunque la toma de sus testimonios se interrumpió porque se identificaron pruebas que justificaron la apertura formal de una investigación disciplinaria.
Según la Procuraduría, la inclusión de ambos en el proceso busca aclarar si la suspensión del contrato en febrero de 2025 se realizó conforme a las normas. El documento hace referencia a esto al afirmar: “De acuerdo con los elementos probatorios allegados, surge la necesidad de investigar si se incurrió en alguna irregularidad de carácter disciplinario con ocasión de la decisión adoptada por los miembros Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe de suspender el contrato en el mes de febrero de 2025”.
El mismo informe oficial sostiene que ambos tuvieron una participación directa en el seguimiento y control del acuerdo. “Además, al parecer, tendrían dentro de sus responsabilidades, como miembros de la Comisión Especial, la supervisión de las actividades del estudio y la participación en las discusiones estratégicas para su ejecución”, expone el texto, donde se indica que estas tareas se extendieron tanto al contrato original, suscrito el 29 de agosto de 2024, como al otrosí fechado el 31 de diciembre del mismo año.
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