Exasesor de la UNGRD Pedro Rodríguez destapa millonarios contratos a dedo y salpica a políticos y contratistas

El exasesor jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Pedro Rodríguez, pasó de ser un funcionario desconocido para la opinión pública a convertirse en una pieza clave dentro de la investigación sobre el entramado de corrupción que sacude a la entidad.

Su colaboración con la justicia, revelada en una matriz de cooperación en poder de la Fiscalía, ha destapado presuntas irregularidades en la contratación para la reconstrucción de Mocoa y ha vinculado a exfuncionarios, contratistas y dirigentes políticos de distintas regiones del país.

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Rodríguez fue presuntamente la sombra de Olmedo López en la dirección de la UNGRD. Según el testimonio de Sneyder Pinilla, otro de los testigos claves en el caso, “nada se movía en la dirección de la entidad sin la revisión del doctor Pedro Rodríguez. Todo el mundo le tenía miedo porque era quien controlaba el acceso al director”. Desde ese rol, habría tenido participación en la planeación y validación de contratos millonarios que hoy son objeto de investigación penal.

Actualmente privado de la libertad, Rodríguez decidió colaborar con la justicia y se comprometió a entregar información contra al menos 13 exfuncionarios y contratistas de la entidad, con el fin de obtener beneficios judiciales en el marco de un principio de oportunidad que estudia un juez en Bogotá.

Irregularidades en la reconstrucción de Mocoa

Uno de los puntos más graves de su declaración tiene que ver con el proceso de reconstrucción de Mocoa, tras la avalancha que en 2017 dejó centenares de muertos y miles de damnificados. De acuerdo con la matriz de colaboración revelada por Noticias Caracol, los contratos destinados a levantar viviendas e infraestructura en el municipio de Putumayo fueron direccionados y modificados para favorecer a contratistas previamente seleccionados, con presuntos sobrecostos y fallas en la planeación.

En el documento, Rodríguez señala directamente a Olmedo López y a Alethia Arango, exfuncionaria de la Alcaldía de Medellín y posteriormente subdirectora de Reducción de Riesgo en la UNGRD. Según el exasesor, ambos intervinieron en la modificación de convenios interadministrativos con el argumento de agilizar las obras, lo que habría permitido adjudicar contratos a dedo.

Uno de esos negocios favoreció al contratista Ramón España Gutiérrez, un arquitecto costeño con empresas en Itagüí, Antioquia, a quien se le habría entregado el contrato para construir cerca de mil viviendas en el predio Sauces 2.

Noticias Caracol documentó que entre 2023 y 2024 España visitó al menos 13 veces la sede de la UNGRD en Bogotá, reuniéndose con altos funcionarios y, en varias ocasiones, acompañado de personas cercanas a dirigentes políticos de Antioquia.

El rol de Alethia Arango y los vínculos con Medellín

La exsubdirectora de Reducción de Riesgo, Alethia Arango, aparece como una de las fichas clave en este engranaje. Según la matriz de colaboración, ella fue la encargada de estructurar documentos técnicos y jurídicos de contratos para la reconstrucción de Mocoa siguiendo órdenes de Olmedo López.

Antes de llegar a la UNGRD, Arango había ocupado tres cargos estratégicos en la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero, lo que ha generado cuestionamientos sobre las conexiones políticas detrás de su nombramiento en Bogotá.

El actual director de la entidad, Carlos Carrillo, ha pedido investigar los contratos que firmó Arango por un valor cercano a medio billón de pesos. En un trino reciente recordó que ella, como subdirectora de Olmedo López, fue quien adjudicó a dedo 100.000 millones de pesos en contratos a consorcios relacionados con la firma Kaliza Arquitectos SAS, situación que también la vincula con el escándalo de corrupción en Medellín por el que la Fiscalía ya radicó un escrito de acusación contra el exalcalde Daniel Quintero y otros exfuncionarios.

Redes políticas y contratistas señalados

La colaboración de Rodríguez describe un patrón de favorecimiento contractual dentro de la UNGRD, en el que recursos públicos eran canalizados hacia contratistas previamente definidos. En este esquema también habría tenido un papel determinante el abogado Iván Alfredo Alfaro Gómez, señalado de viabilizar jurídicamente los convenios.

Noticias Caracol también reveló que Alfaro, quien salió de la entidad en medio de cuestionamientos, habría sido el encargado de administrar los recursos de Mocoa, facilitando contratos con sobrecostos y asegurando beneficios económicos para la alta dirección de la entidad.

El capítulo de Nariño y el salpicón a Camilo Romero

La declaración de Pedro Rodríguez no se limita a la UNGRD. En su matriz también relató presuntas irregularidades ocurridas cuando fue jefe de la oficina jurídica en la Gobernación de Nariño (2016-2019), durante la administración del hoy precandidato presidencial Camilo Romero.

Según su testimonio, Romero habría participado en un cuestionado contrato de compraventa de licores en Nariño, adjudicado a la empresa Organización de Licores de Nariño (OLN SAS) en 2015, en el que se habrían pactado aportes económicos de empresarios a su campaña a cambio de la adjudicación del negocio. Rodríguez aseguró que este esquema le generó a los beneficiarios ganancias superiores a los 3.000 millones de pesos.

El exfuncionario mencionó además la supuesta participación de familiares de Romero y de su exsecretario de Hacienda, Mario Fernando Benavides, en la estructuración del contrato.

Lo que viene

El próximo 25 de septiembre un juez definirá si aprueba o no el principio de oportunidad solicitado por Pedro Rodríguez. De concederse, el exasesor jurídico de la UNGRD se convertirá en testigo clave en los procesos penales que se adelantan por los contratos de Mocoa, el caso de los licores de Nariño y otras investigaciones que involucran a exfuncionarios de la entidad, contratistas y políticos regionales.

Lo cierto es que las revelaciones de Rodríguez abren un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción de la UNGRD, donde recursos destinados a las poblaciones más vulnerables del país habrían terminado en manos de redes de contratistas y dirigentes políticos que hoy están bajo la lupa de la justicia.