Denuncian presunta contratación irregular dentro del Ejército: se habrían beneficiado a dos empresas con millonarios acuerdos

En redes sociales se difundió una denuncia sobre presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en los procesos de contratación “al interior de la Central Administrativa y Contable Especializada de Educación del Ejército Nacional de Colombia”.

La denuncia, presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el sargento (r) Alexander Chala Sáenz, detalla cómo dos empresas habrían resultado favorecidas de manera directa en licitaciones y contratos, pese a antecedentes y cuestionamientos sobre su idoneidad y experiencia.

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Según se lee en el documento, que consta de 22 páginas, la denuncia fue escalada ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Presidencia, a través de Dapre.

La primera empresa implicada en la denuncia es Soluciones HTL, que según la acusación es representada legalmente por Liliana Cantillo, esposa del general (r) Henry William Torres Escalante: el denunciante detalló que este último reconoció su responsabilidad ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el “asesinato de 146 personas en 141 eventos”.

Según el documento de acusación, Soluciones HTL incursionó en la contratación pública en 2024, sin experiencia previa en el sector. Ese mismo año, la Cenac de Educación le adjudicó un contrato por $5.000 millones para el suministro de kits de incorporación destinados al personal de la escuela de soldados profesionales en Nilo, Cundinamarca. Aunque el acuerdo estipulaba la entrega del material en diciembre, la empresa completó la entrega en mayo de 2025, con reportes de faltante de material, productos defectuosos y observaciones no atendidas.

El otro caso señalado corresponde a HC Henry Cortés, compañía que originalmente se dedicaba al mantenimiento de motocicletas para la Policía Nacional y que, posteriormente, proveyó anchetas al Ejército Nacional. En un corto periodo, la empresa asumió el rol de operador logístico y, en marzo de este año, obtuvo una licitación de sanidad militar por $11.000 millones para la compra de insignias y condecoraciones militares.

Entre 2019 y 2022, los contratos adjudicados a esta firma oscilaban entre $2.000 millones y $3.000 millones, pero a partir de 2024 los montos aumentaron hasta $5.000 millones y $10.000 millones, aseguró el sargento (r) Chala.

A pesar de los antecedentes y las irregularidades documentadas, el denunciante aseguró que ambas empresas continúan participando en procesos contractuales del Ejército Nacional. Ante este panorama, Chala Sáenz dirigió preguntas a la comandante del Comando de Adquisiciones del Ejército, sobre la eficacia de los mecanismos de control y la transparencia institucional, así como sobre la identidad de los posibles beneficiarios de lo que califica como un posible entramado de corrupción.

“La pregunta para la brigadier general Martha David Bastidas, comandante del Comando de Adquisiciones del Ejército, es: ¿Quién controla esta situación?, ¿Dónde queda la transparencia en el manejo de los recursos públicos?, ¿a quién se ha estado beneficiando realmente? ¿Acaso lo que se ha venido organizando es todo un entramado de corrupción?”, cuestionó el sargento (r) Chala en su cuenta oficial de X.

La denuncia del sargento (r) Chala contra el ministro de Defensa y el exgeneral Zapateiro

No es la primera denuncia que sargento en retiro hace pública de manera reciente: el exmilitar también acusó a Pedro Arnulfo Sánchez, actual ministro de Defensa, y el excomandante del Ejército Eduardo Enrique Zapateiro, ante la existencia de supuestas conversaciones de WhatsApp sobre un presunto contrato con Indumil —la Industria Militar de Colombia— sin el consentimiento del presidente Gustavo Petro.

Los señalamientos situaron el foco de la investigación en el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público, una figura penal que sanciona el aprovechamiento indebido de la posición oficial para influir en decisiones administrativas o para obtener beneficios personales.

La Fiscalía General de la Nación comunicó que la investigación fue asignada a la Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema, en cumplimiento estricto de la resolución correspondiente. Este paso marca el inicio de un proceso que podría tener consecuencias de alcance nacional, dada la relevancia de los funcionarios implicados y la naturaleza de los hechos denunciados.

A través de su cuenta oficial de X, Alexander Chala amplió públicamente su denuncia, haciendo visibles los radicados presentados ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. En su publicación, detalló las acciones emprendidas y expuso dos solicitudes principales: la apertura de la indagación preliminar y la petición de ser citado para ampliar los hechos y aportar pruebas, entre ellas el informe forense del equipo móvil del cual se extrajeron los chats.