El proceso de adjudicación de un contrato de $50.000 millones para el suministro de alimentos en la Cárcel Distrital de Bogotá generó controversia, luego de que se conociera que una de las empresas integrantes del consorcio ganador fue sancionada en 2022 por prácticas anticompetitivas en licitaciones del Plan de Alimentación Escolar (PAE).
La inquietud fue planteada desde el Concejo de Bogotá, que advirtió sobre la presencia de Proalimentos Líber S.A.S. en el consorcio Nutridistrital, responsable de la adjudicación.
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El contrato, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027, contempla la provisión de desayuno, refrigerio y almuerzo para las personas privadas de la libertad en la Cárcel Distrital, ubicada en la localidad de San Cristóbal. Con base en la información de la Alcaldía de Bogotá, el acuerdo fue estructurado bajo el esquema de vigencias futuras, en cumplimiento de las directrices de la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hacienda.
La polémica se centra en el historial de Proalimentos Líber S.A.S., que en 2022 recibió una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por conductas anticompetitivas en procesos de contratación del PAE en Bogotá.
A pesar de este antecedente, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado en el que sostiene que el proceso de adjudicación se realizó conforme a los principios de la contratación estatal y que, tras la revisión correspondiente, “no encontró antecedentes o inhabilidades que afecten al consorcio”.
En relación con las sanciones impuestas por la SIC, la Secretaría de Seguridad precisó que “este tipo de sanciones no generan inhabilidad, ni contemplan la prohibición para participar en procesos contractuales o contratar con el Estado”.
Además, la entidad argumentó que el proceso contractual no puede ser suspendido, ya que “no existe mérito legal o contractual que lo impida”, y subrayó que la Unión Temporal Nutridistrital cumplió con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
La adjudicación de este contrato millonario mantiene la atención sobre los mecanismos de control y transparencia en la contratación pública, especialmente cuando participan empresas con antecedentes de sanciones administrativas, aunque estas no representen impedimentos legales para su participación.
Continúa polémica por entrega de refrigerios diferentes a colegios públicos y privados en Bogotá
La entrega de refrigerios diferenciados a estudiantes de colegios públicos y privados durante la edición número 13 de la Simulación de la Organización de las Naciones Unidas (Simonu) en Bogotá continúa generando polémica por denuncias de discriminación. El evento, realizado el 11 y 12 de septiembre en el colegio Enrique Olaya Herrera, reunió a alumnos de 200 instituciones educativas de la ciudad.
El Ministerio de Educación calificó el hecho como un “acto de discriminación de la Alcaldía de Bogotá en contra de los niños y niñas” de colegios públicos. En un comunicado, la cartera advirtió: “Esta situación de confirmarse, vulnera el principio de igualdad que debe regir en todo espacio educativo y contradicen el sentido de convivencia y participación. La educación no puede reproducir lógicas de exclusión ni enviar mensajes de clasismo a los estudiantes”.
Además, el ministerio informó que envió un oficio a la Secretaría de Educación de Bogotá solicitando explicaciones y medidas para evitar que se repita.
Las denuncias surgieron cuando varios participantes reportaron en redes sociales que, durante uno de los recesos, los estudiantes de colegios públicos recibieron un refrigerio de menor calidad, incluso almacenado en bolsas de basura, mientras que los de instituciones privadas accedieron a alimentos diferentes y en un lugar aparte.
Un estudiante afirmó: “Los estudiantes de colegios públicos tenían sus alimentos almacenados en bolsas de basura, y se evidenciaba una clara diferencia nutricional frente a lo que recibieron aquellas personas de instituciones privadas”. Otra alumna señaló la “desigualdad en los alimentos” y la separación en la entrega.
El viernes 12 de septiembre, un grupo de estudiantes realizó una protesta exigiendo trato igualitario para los alumnos de colegios distritales. La Secretaría de Educación respondió calificando la manifestación y las denuncias como un “sabotaje con intereses particulares [que] afectaron la experiencia de cientos de estudiantes que se prepararon durante todo el año para este encuentro”.
En respuesta a la controversia, Diego Escallón, subsecretario de Integración Interinstitucional, explicó que los estudiantes de colegios públicos recibieron el refrigerio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), mientras que la ley impide que los alumnos de instituciones privadas accedan a este beneficio, por lo que se contrató a un operador adicional.
“Como los alimentos fueron entregados por dos operadores distintos, sí hubo algunas diferencias en la entrega y en el empaque los refrigerios. Jamás nuestra idea fue tratar de manera diferente a los colegios públicos y privados”, aseguró Escallón. Añadió: “Queremos expresarles nuestras disculpas y decirles que esto no va a volver a presentarse”.
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