A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la situación que enfrenta la Nueva EPS y cuatro de sus exdirectivos, quienes irán a juicio por el presunto ocultamiento de facturas y desvío de $70.500 millones en deudas con IPS.
La publicación del mandatario colombiano se debe a las pruebas que tiene la Fiscalía General de la Nación contra los exdirectivo, y que fueron reveladas por Cambio.
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El jefe de Estado calificó la situación como el “mayor robo al pueblo colombiano”. Según el presidente Petro, el supuesto robo fue con los dineros de la salud y la educación.
“El mayor robo de la oligarquía al pueblo de Colombia, a través de un atraco a mano armada disfrazado de ley, se cometió con los dineros de la salud y la educación, donde se concentraba la mayor parte del presupuesto nacional y lo más valioso para los colombianos: el intelecto y la vida, la esencia de la humanidad”, indicó el mandatario colombiano.
Gustavo Petro aseguró en su mensaje que en Colombia “es más rentable el robo al Estado” que la propia cocaína.
“Centenares de billones de pesos evaporados en pocas fortunas, miles de millones de dólares. En Colombia es más rentable el robo al Estado que la cocaína y por ambos asesinan”, afirmó el mandatario colombiano.
El jefe de Estado culminó su mensaje pidiéndole a los colombianos no entregarle “a los ladrones” el país en las próximas elecciones.
Ladrones de cuello blanco sin castigo y queriendo ser presidentes. Por sus hijos y por usted no le devuelva Colombia a los ladrones.
Detalles de la investigación
Entre 2019 y 2023, la Fiscalía General de la Nación reveló los detalles sobre un presunto esquema de manipulación financiera al interior de la Nueva EPS, la mayor promotora de salud en Colombia.
Según la investigación citada por la revista Cambio, la directiva de la entidad, bajo la presidencia de José Fernando Cardona Uribe, habría ocultado información financiera clave para simular utilidades y encubrir un déficit superior a cinco billones de pesos.
El expediente muestra que Cardona y otros altos cargos, incluidos Juan Carlos Isaza Correa, Edgar Pedraza Castellanos y Fabio Antonio Peralta Núñez, firmaron estados financieros que no reflejaron las verdaderas pérdidas, lo que permitió a la EPS mantener su habilitación y recibir una millonaria inyección de recursos públicos.
Este mecanismo consistía en no registrar toda la facturación de clínicas y hospitales, lo que ocultó la magnitud real de la deuda.
De acuerdo con los testimonios y documentos presentados ante la Fiscalía y recopilados por Cambio, el control de las cuentas médicas incluía límites estrictos en el procesamiento de facturas. Funcionarios que intentaron sobrepasar esos límites recibieron advertencias, según relatos ante el ente acusador.
El ocultamiento de las pérdidas permitió declarar utilidades ficticias por más de 91 mil millones de pesos, suma de la que al menos 70 mil millones se desviaron para cubrir pasivos anteriores, un hecho que la Fiscalía califica como peculado.
Según exfuncionarios entrevistados por Cambio, esta política permitió que la Nueva EPS permaneciera habilitada, mientras sus directivos y accionistas sorteaban el impacto de las pérdidas reales.
La auditoría posterior descubrió que para 2023 la deuda real ascendía a 5,7 billones, lo que forzó la declaración de enormes pérdidas tras el saneamiento de balances. Además, se identificó un patrón de concentración de contratos en un grupo reducido de proveedores, posibilitando el desvío discrecional de recursos públicos.
La Fiscalía sostiene el caso con pruebas como documentos internos, correos electrónicos e interceptaciones telefónicas que sugieren coordinación entre los directivos para evitar responsabilidades.
Uno de los testimonios destaca que la junta directiva, integrada por representantes del Estado y de cinco cajas de compensación, se habría beneficiado de la apariencia de solvencia, aunque se debate si conocía el fondo de la manipulación.
La investigación avanza sobre la responsabilidad de los altos ejecutivos y no descarta nuevas imputaciones a miembros de la junta directiva y exrevisores fiscales. El proceso judicial continúa con la expectativa de esclarecer la magnitud del daño al sistema de salud colombiano, según información revelada por Cambio.
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