“Lo valoramos como un paso positivo”: abogado de víctimas tras condena a militares de La Popa en la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió recientemente un fallo sobre hechos vinculados con ejecuciones extrajudiciales en el norte del país.

La decisión de la Sección de Reconocimiento de Verdad recayó sobre 12 exintegrantes del Batallón de Artillería La Popa del Ejército Nacional, con sede en Valledupar, quienes fueron declarados responsables de 135 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2005.

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A propósito de este pronunciamiento, el abogado de las víctimas, Sebastián Escobar, concedió declaraciones en el programa W Sin Carreta de la W Radio, donde analizó los alcances de la sentencia y el tipo de sanciones restaurativas impuestas a los comparecientes.

El jurista, que ha acompañado procesos relacionados con falsos positivos, indicó que “se recibe de manera favorable” la decisión de la jurisdicción transicional.

Según explicó Escobar en diálogo con W Radio, la resolución incluye sanciones restaurativas de distinta duración. Algunos de los procesados deberán asumir compromisos de ocho años, aunque sin privación de la libertad, mientras que a otros se les fijaron sanciones de siete, seis y cinco años, respectivamente. La JEP determinó que estas medidas deben cumplirse a través de proyectos restaurativos que garanticen aportes a la verdad, a la reparación de las víctimas y a la no repetición.

Para el abogado, la providencia de la JEP contribuye a esclarecer un patrón criminal que marcó a distintas comunidades en el país. Durante su intervención, afirmó: “Lo valoramos como un paso positivo (...) Es una decisión que se recibe de manera positiva, recoge las piezas del rompecabezas de un atentado y consolida una narrativa de la caracterización de estos crímenes”, en declaraciones entregadas a W Radio.

El representante judicial también explicó que las determinaciones adoptadas por la jurisdicción incluyen dos ejes fundamentales: la caracterización de los crímenes y la definición de sanciones alternativas. “Estas decisiones tienen dos grandes componentes, como la caracterización de los crímenes que se cometieron”, puntualizó en la entrevista radial.

La sentencia contempla además la puesta en marcha de seis proyectos restaurativos que deberán ser desarrollados por los exintegrantes de la unidad militar. De acuerdo con Escobar, solo uno de esos programas se encuentra habilitado en este momento para que los comparecientes empiecen a cumplir con lo ordenado por la jurisdicción. El resto de iniciativas están en etapa de diseño o de validación institucional.

En cuanto al aporte de verdad de los comparecientes, el abogado señaló que persisten cuestionamientos por parte de las víctimas, quienes consideran que aún faltan elementos por esclarecer. Pese a ello, Escobar sostuvo que este tipo de tensiones son inevitables en procesos de justicia transicional. “Se van a encontrar tensiones de esta naturaleza con razón a la política y a la verdad”, manifestó en su intervención en W Sin Carreta.

Los hechos juzgados corresponden a un periodo en el que varias unidades militares fueron señaladas de presentar a civiles como combatientes muertos en enfrentamientos, práctica que generó un fuerte impacto en las comunidades afectadas. En el caso de La Popa, la JEP documentó 135 ejecuciones ilegítimas ocurridas en departamentos de la región Caribe, donde las víctimas fueron campesinos y pobladores de zonas rurales.

La decisión judicial hace parte del macrocaso abierto por la JEP sobre falsos positivos, que busca esclarecer la magnitud de estas prácticas y establecer responsabilidades de mandos medios y altos oficiales. Las sanciones restaurativas impuestas a los exintegrantes del Batallón La Popa incluyen labores orientadas a reparar a las víctimas de manera simbólica y material, bajo el acompañamiento de las instituciones competentes.

Escobar resaltó que este tipo de providencias, además de fijar responsabilidades individuales, también consolidan una narrativa sobre la dimensión de los hechos ocurridos, lo que resulta fundamental para la construcción de la memoria histórica. En sus palabras, la sentencia ayuda a completar el panorama sobre la forma como se ejecutaron las muertes y cómo se intentó justificar la actuación de la fuerza pública en ese periodo.

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