TransMilenio S.A. anunció el jueves 18 de septiembre que alcanzó un acuerdo conciliatorio con Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, como parte del proceso de reparación integral por los daños ocasionados durante el paro nacional del 22 de noviembre de 2019.
En esa jornada, Barrera destruyó equipos e instalaciones de la estación Molinos, en el sur de Bogotá, lo que derivó en un proceso judicial que ahora entra en una nueva etapa. Según informó la entidad de transporte masivo, el acuerdo será presentado ante los jueces competentes para su revisión y aprobación.
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“Llegamos a un acuerdo conciliatorio con Daneidy Barrera que busca la reparación integral de los hechos ocurridos durante el paro nacional en 2019. Este acuerdo debemos presentarlo ante los jueces competentes para su consideración”, indicó TransMilenio en una declaración oficial.
El pacto alcanzado entre la entidad y Barrera tiene dos ejes principales. El primero contempla actividades de carácter pedagógico y simbólico que la influenciadora deberá realizar tanto en espacios físicos como en plataformas digitales. “Son actividades pedagógicas que Daneidy hará a través de sus redes sociales y también con su presencia en puntos estratégicos del sistema para incentivar la apropiación y el respeto de nuestros usuarios por el sistema de transporte”, precisó la empresa.
Dentro de estas acciones se incluye la elaboración y difusión de videos educativos, la presentación de excusas públicas a la ciudadanía, así como labores de servicio social y pedagogía con usuarios en estaciones y troncales de TransMilenio. El segundo componente es de carácter económico. Barrera deberá pagar 100 millones de pesos en efectivo a favor de TransMilenio S.A., como parte de la reparación por los daños ocasionados, que en su momento fueron avaluados en más de 467 millones de pesos.
La entidad resaltó que este paso busca no solo compensar los perjuicios, también fortalecer un enfoque innovador de justicia restaurativa. “Desde TransMilenio reafirmamos el compromiso de la entidad y de la ciudad con soluciones innovadoras de justicia restaurativa que no solamente buscan una reparación total de los hechos, sino también una reconciliación social y un incentivo del respeto por el sistema de transporte público”, explicó la compañía.
En ese sentido, el acuerdo se inscribe en una estrategia que combina un componente económico con medidas simbólicas y sociales, con el fin de promover la responsabilidad ciudadana y consolidar la cultura del respeto en el transporte público. TransMilenio también fue enfático en aclarar que este acuerdo no implica automáticamente la libertad definitiva de Barrera, ya que esta decisión corresponde exclusivamente a los jueces que conocen del caso.
La condena que enfrenta
La trayectoria judicial de Daneidy Barrera, más conocida en redes como Epa Colombia, quedó zanjada hace ya un tiempo, cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó de manera definitiva la condena que pesa sobre ella. El alto tribunal ratificó la pena de cinco años y tres meses de prisión por el delito de instigación al terrorismo, cerrando un proceso que durante meses había capturado la atención de la opinión pública y que abrió un debate sobre los límites de la influencia digital frente al orden social.
El origen de este caso se remonta a noviembre de 2019, cuando Barrera grabó y difundió videos en los que destruía parte de la estación Molinos del sistema TransMilenio, en el sur de Bogotá. Aquellas imágenes, publicadas en medio de un clima de inconformidad ciudadana que luego desembocaría en el estallido social de 2021, se convirtieron en material probatorio clave para la Fiscalía. La justicia consideró que los mensajes que acompañaron esas publicaciones podían alentar a otros a cometer actos similares contra el transporte público.
Antes de que la Corte Suprema emitiera su fallo, un juzgado y un tribunal ya habían determinado su responsabilidad penal. No obstante, fue la decisión de la máxima instancia la que dio firmeza a la condena y despejó cualquier duda sobre su obligatoriedad. En su pronunciamiento, la Sala de Casación Penal señaló: “Se observa claro, entonces, que la difusión por redes de comunicación masiva de mensajes incitadores a la violencia y la destrucción del sistema de transporte público, por parte de la popular influencer ‘Epa Colombia’, a sus seguidores, ubicados en distintos lugares del país, en ese tiempo conmocionado por el ‘estallido social’, con la sugerencia de que actuaran de la misma manera que ella, tenía plena idoneidad para instigar a delinquir a través de conductas constitutivas de terrorismo”.
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