Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, se refirió a la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a siete miembros del secretariado de las extintas Farc, de ocho años, a trabajos restaurativos sin perder el derecho a ejercer cargos públicos y/o funciones políticas.
La funcionaria mencionó que, luego de un proceso álgido, los implicados reconocieron su culpabilidad en miles de actos donde la privación de la libertad de los ciudadanos se vio vulnerada.
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“La Jurisdicción Especial para la Paz profirió su primera sentencia en el caso cero uno. Por primera vez, el antiguo secretariado de las Farc reconoció su responsabilidad por al menos 21.396 secuestros que hicieron parte de una política cometida en un plan a gran escala”, dijo.
En medio de la controversia que ha generado esta sanción en el sector político y las víctimas, la defensora se permitió especificar todos los crímenes de guerra y lesa humanidad por los que fueron acusados.
“Fueron declarados penalmente responsables por los crímenes de guerra, de la toma de rehenes y homicidios, así como por crímenes de lesa humanidad, de privaciones graves de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas. De igual manera, por responsabilidad de mando, fueron declarados responsables por los crímenes de guerra de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado, y por crímenes de lesa humanidad de tortura, esclavitud y otros actos inhumanos cometidos por las unidades bajo su mando”.
Marín hizo la salvedad de los dos puntos esenciales bajo los que se tuvo la consideración para emitir el fallo y las condiciones con las que abandonaron el conflicto armado bajo el Acuerdo de Paz firmado en 2016 en la administración del expresidente Juan Manuel Santos.
“La sentencia se produce después de que la JEP verificó el cumplimiento de condiciones esenciales de los antiguos miembros del secretariado de las Farc para acceder a las sanciones propias y restaurativas. Y quiero destacar dos condiciones. La primera, dejaron las armas y finalizaron el conflicto armado que existía con las Farc. La segunda, reconocieron su responsabilidad. Sin embargo, se debe anotar que las víctimas han solicitado legítimamente que las antiguas Farc asuman a profundidad su responsabilidad por violencia sexual (...)”.
Las sanciones restaurativas impuestas alcanzan el periodo más elevado, ocho años, ya que están dirigidas a los principales responsables de los hechos considerados de mayor gravedad. Estas medidas difieren de las penas tradicionales al centrarse en la reparación del daño y la restauración de las víctimas y comunidades.
Este enfoque implica la realización de acciones como la búsqueda de personas desaparecidas, la promoción de actos de memoria y de reparación simbólica, así como la participación en proyectos ambientales y labores de desminado humanitario. Con este tipo de sanciones, destacan las fuentes, se marca un avance significativo contra la impunidad dentro de una perspectiva de justicia orientada a la restauración más que al castigo, responsabilizando directamente a quienes tuvieron la mayor cuota de responsabilidad en los hechos.
No obstante, son condiciones que hasta ahora vienen a ser implementadas, totalmente contrarias a las condenas previas, que de entrada empiezan a asumir desafíos y a sumar contradictores, tal como lo explicó la defensora.
“Persisten desafíos importantes. La falta de claridad sobre cómo se compatibilizarán las sanciones con el ejercicio político genera dudas sobre su efectividad. La consulta a las víctimas, que se deberá hacer dentro de los próximos treinta días para definir los trabajos y obras restaurativos en detalle, es una oportunidad esencial para fortalecer la participación activa de las víctimas y la legitimidad de las sanciones”.
La supervisión de esta sanción está en cabeza de la JEP y de la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas.
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