El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, expresó a través de su cuenta de X su determinación para enfrentar a sectores que identifica como mafias y herederos del paramilitarismo.
En una publicación en su cuenta en X, Quintero afirmó: “Me he enfrentado a las mafias y a los herederos del paramilitarismo sin miedo. Los derroté en Medellín y goberné con carácter, los puse a pagar su corrupción en Hidroituango”.
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El dirigente político resaltó el manejo de proyectos clave como Hidroituango durante su administración y defendió las acciones tomadas contra la corrupción en ese proceso.
Por ende, Quintero ha mantenido una posición crítica frente a sectores políticos tradicionales y sus vínculos con estructuras que han estado bajo cuestionamiento judicial.
Mirando hacia las próximas consultas internas, Quintero reafirmó su compromiso con el Pacto Histórico y la apuesta por mantener el proyecto político en la escena nacional.
“Contra viento y marea vamos a ganar la consulta el 26 de octubre”, enfatizó el precandidato en su pronunciamiento.
Fiscalía radicó escrito de acusación contra Daniel Quintero por caso Aguas Vivas: 12 personas también serán llamados a juicio
La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en desarrollo de la investigación por supuestas irregularidades vinculadas al caso Aguas Vivas.
El proceso alcanza a otros nueve exintegrantes del gabinete municipal y a tres particulares, quienes deberán responder ante la justicia por su presunta participación en la restitución ilegal de un lote, mediante la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Según la investigación, a los trece investigados se les atribuyen delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
El ente acusador explicó que los hechos bajo investigación ocurrieron entre febrero de 2020 y mayo de 2023, cuando se habrían intentado maniobras administrativas para favorecer económicamente a los particulares involucrados, al cambiar la cesión gratuita del lote Aguas Vivas por una compraventa.
Esa operación, fallida en primera instancia, habría buscado autorizar un pago superior a los 40.500 millones de pesos.
La lista de exfuncionarios acusados, incluye a Ingrid Vanessa González Montoya (exsecretaria de Gestión Humana), Yina Marcela Pedroza Gómez (exsubsecretaria Legal de Movilidad), Carlos Mario Montoya Serna (exsecretario de Gestión y Control Territorial), Karen Bibiana Delgado Manjarrés (exsecretaria de Suministros y Secretaria General (e)), Sergio Andrés López Muñoz (exdirector de Planeación), Natalia Andrea Jiménez Pérez (exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación), Alethia Carolina Arango Gil (exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público), Leidy Jiménez Echavarría (exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores) y Fabio Andrés Trujillo García (exsecretario General). Los particulares llamados a juicio son Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, identificados como tenedores del predio.
En el escrito de acusación, la Fiscalía advierte que tras la imposibilidad de adelantar la conciliación inicial, Quintero –junto al exsecretario general– habría expedido actos administrativos irregulares para aumentar el avalúo del terreno y otorgar beneficios a los particulares, incluido el permiso para desarrollar actividades urbanísticas prohibidas según el POT vigente.
El predio, situado en el sector de Las Palmas, fue avaluado en 48.234 millones de pesos por la Alcaldía en 2021. La valoración habría favorecido directamente a los privados implicados.
A través de su cuenta de X, Daniel Quintero rechazó la acusación, calificando el proceso como un “montaje judicial para sacarlo de la presidencia”.
El exalcalde expresó: “Se acabó la etapa de imputación en Aguas Vivas. Llegó la hora de mostrar las pruebas. Les voy a tumbar el montaje judicial que me hicieron para sacarme de la presidencia”.
El caso Aguas Vivas se posiciona, como uno de los procesos de presunta corrupción más relevantes durante la administración de Quintero en Medellín.
La Fiscalía anunció que busca esclarecer los niveles de responsabilidad en las decisiones que permitieron la valorización del predio y los supuestos beneficios a particulares, antes de avanzar a la fase de juicio oral contra los involucrados.
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