El 15 de septiembre de 2025 se conoció una denuncia presentada por el sargento en retiro Alexander Chala Sáenz en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el excomandante del Ejército Eduardo Enrique Zapateiro, que fue asignada al despacho de la Fiscalía Especializada Gaula de Bogotá.
En la acusación, el sargento (r) Chala Sáenz advirtió sobre la existencia de unas conversaciones de WhatsApp en las que el ministro de Defensa y el general (r) Zapateiro habrían discutido acuerdos para la firma de un contrato con Indumil, la Industria Militar de Colombia, sin el aval del presidente Gustavo Petro.
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La actuación judicial contra el ministro y el exmilitar se centra en el posible delito de tráfico de influencias de servidor público, una figura penal que sanciona el uso indebido de la posición oficial para obtener beneficios o influir en decisiones administrativas.
De acuerdo con el documento oficial, la Fiscalía comunicó la asignación del caso en cumplimiento estricto de la resolución mencionada, lo que marca el inicio de una investigación que podría tener repercusiones en el ámbito político y militar del país: el caso fue asumido por la Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema.
Las peticiones del sargento en retiro que denunció al ministro de Defensa y a Zapateiro
El sargento (r) Alexander Chala, delator del ministro Sánchez y el comandante del Ejército durante el gobierno Duque, amplió su denuncia en su cuenta oficial de X, en la que hizo públicos una serie de radicados presentados la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, en los que expuso detalladamente su acusación.
“A continuación, hago públicos los radicados y quejas con fecha 5 de agosto del presente año, a través de los cuales se puso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación unos presuntos hechos. Estos hechos, revelados a través de unos chats que me fueron enviados, vincularían en una conversación al ministro de Defensa (Pedro Sánchez), y al general (r) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. Dichos chats los cuáles serían de suma gravedad, ya que en ellos se estarían discutiendo acuerdos, negociaciones y favores a espaldas del presidente Gustavo Petro.”, escribió Chala en su publicación.
En los documentos, el sargento (r) Chala hizo, según su publicación, dos solicitudes:
- “La apertura de una indagación preliminar para determinar la veracidad de los chats y la posible comisión de delitos por parte del ministro de Defensa y del general (r) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda”.
- “Ser citado para ampliar los hechos y aportar la información y los elementos probatorios necesarios, como el informe forense del equipo móvil del cual se extrajeron los chats.”
El exmilitar concluyó su pronunciamiento en X asegurando que “continuaremos ejerciendo control ciudadano y vigilancia ante cualquier irregularidad, abuso o arbitrariedad. Llevaremos cualquier hecho relevante ante los distintos entes de control para que sea investigado y, en el momento en que seamos requeridos, estaremos presentes”.
Choque entre el sargento (r) Chala y el ministro Sánchez
En un intercambio reciente con el ministro de Defensa, el sargento (r) Chala afirmó que no le corresponde a él rendir cuentas públicas sobre el caso, ni ante la ciudadanía ni ante quienes respaldaron al presidente Gustavo Petro. Según sus declaraciones, la responsabilidad de responder tanto en el ámbito judicial como en el público recae exclusivamente en Sánchez, a quien instó a aclarar la autenticidad de los chats y las posibles consecuencias legales derivadas de estos hechos.
En su posicionamiento, Chala rechazó de forma categórica cualquier intento de asociar a las fuerzas militares con este episodio. Solicitó a Sánchez que evite recurrir a discursos de corte patriótico o referencias al orden constitucional, al considerar que “los únicos involucrados en los mensajes serían las personas mencionadas, no las instituciones castrenses”. Esta postura busca deslindar a las fuerzas armadas de cualquier implicación institucional en el caso.
Al abordar su propio papel, Chala defendió tanto su actuación como su trayectoria, al destacar que su autoridad en defensa del gobierno no ha sido objeto de cuestionamiento. Además, insistió en que es el ministro Sánchez quien debe ofrecer explicaciones ante la justicia y reiteró su disposición a llevar el asunto a instancias judiciales si fuera necesario.
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