Al menos 23 clínicas, hospitales y centros médicos que no existen le habrían cobrado una millonada a la Adres: no tienen sedes físicas

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) suspendió los pagos a 23 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca por la presunta inexistencia de instalaciones para la atención de pacientes accidentados en las direcciones físicas reportadas.

Esta medida afecta reclamaciones por más de $17.000 millones y podría derivar en acciones legales si las entidades implicadas no logran justificar su operatividad, según se puede leer en la página web de la Adres.

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Esta decisión responde a la sospecha de que estas IPS no cuentan con la infraestructura necesaria para prestar servicios de salud a víctimas de accidentes de tránsito, a pesar de figurar en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps).

De acuerdo con la entidad, el objetivo es garantizar el uso adecuado y el control de los recursos públicos destinados al sector salud.

“Con el objetivo de asegurar el buen uso y control de los recursos de la salud, la Adres adoptó medidas administrativas frente a 23 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca por la presunta inexistencia de infraestructura para atender los pacientes accidentados en la dirección física reportada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps)”, señaló la Adres en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

La identificación de estas irregularidades fue posible gracias a auditorías realizadas desde 2023 por tres firmas externas contratadas por la Adres.

Estas auditorías incluyeron visitas físicas a las direcciones reportadas por las IPS, con el fin de verificar la existencia real de las instalaciones y controlar la validez de las reclamaciones por servicios de salud y gastos de transporte derivados de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) o no identificados.

Según explicó la entidad a Caracol Radio, “la identificación de estas anomalías se da gracias a las auditorías realizadas por tres firmas contratadas por Adres desde 2023, con visitas físicas, para hacer control, verificación y reconocimiento de pagos a entidades que presentan reclamaciones por servicios de salud y gastos de transporte derivados de accidentes de tránsito causados por vehículos sin Soat o no identificados”.

En 2025, la Adres emitió dos resoluciones. La primera, la Resolución 0087804, suspendió el reconocimiento y pago de reclamaciones a 12 IPS que habían radicado cuentas por más de $4.911 millones. Es

tas entidades ya venían facturando servicios previamente. La segunda, la Resolución 0087805, determinó la suspensión indefinida de la solicitud de registro de cuentas bancarias ante la Adres para otras 11 IPS, lo que implica el rechazo de nuevas facturas presentadas por estas instituciones.

Como parte del procedimiento administrativo, la Adres notificó a los representantes legales de las 23 IPS involucradas, quienes disponen de un plazo de diez días hábiles para presentar un recurso de reposición.

Si la respuesta no resulta satisfactoria, la entidad trasladará los hallazgos a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la posible comisión de delitos relacionados con fraude en el sistema de salud.

Caracol Radio también informó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de control y vigilancia sobre los recursos públicos destinados a la atención de víctimas de accidentes de tránsito, especialmente en casos donde los vehículos involucrados carecen de Soat o no han sido identificados. Las auditorías y visitas físicas buscan evitar pagos indebidos y fortalecer la transparencia en el sector.

En 2024, la Adres ya había implementado medidas similares contra otras 52 IPS que presentaron reclamaciones por más de $70.000 millones.

En ese contexto, la entidad puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación presuntos delitos de fraude o intento de fraude por parte de 36 de esas instituciones, las cuales no lograron demostrar la existencia de infraestructura física pese a contar con registro de habilitación para la prestación de servicios de salud.